El Gobierno ha decidido posponer hasta después del verano la aprobación del real decreto-ley de vivienda ante la falta de apoyos suficientes para convalidarlo en el Congreso. El paquete no será finalmente llevado al Consejo de Ministros de este martes y el Ejecutivo tratará de retomar las negociaciones en septiembre, una vez reanudado el curso político.

El texto había sido consensuado entre PSOE y Sumar e incluía, entre otras medidas, la posibilidad de prorrogar durante dos años los contratos de alquiler, incentivos en el IRPF para los propietarios que mantuvieran o rebajaran las rentas, la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, nuevos límites para los grandes tenedores y una batería de cambios fiscales y urbanísticos.

Fuentes del Ministerio de Vivienda explican que el aplazamiento responde a la intención de culminar un acuerdo "amplio y transversal" con las fuerzas parlamentarias. El departamento sostiene que, después de varias semanas de conversaciones, el pacto está más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura, aunque reconoce que la premura del calendario y la complejidad del decreto podían convertirse en un obstáculo para cerrar a tiempo los respaldos necesarios.

"La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura", señalan las mismas fuentes, que defienden la conveniencia de conceder unas semanas adicionales a las negociaciones. Vivienda mantiene que existe margen para aprobar después del verano un paquete ambicioso que dé mayor estabilidad a quienes viven de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible.

Las diferencias entre los socios parlamentarios han terminado frenando su aprobación. Podemos exige retirar la reforma de la ley del suelo, mientras el PNV considera imprescindible mantenerla para agilizar los planeamientos urbanísticos. Junts tampoco había garantizado su respaldo a la moratoria de los alquileres, una medida similar a la que ya rechazó en abril junto a PP y Vox. El Ejecutivo ha optado por aplazar el decreto para evitar una nueva derrota parlamentaria.

La versión del Ministerio presenta así la decisión como un aplazamiento, y no como una retirada del proyecto. El Gobierno quiere evitar que el decreto sea aprobado por el Consejo de Ministros sin contar previamente con una mayoría suficiente para superar su posterior convalidación en el Congreso, una votación que debe producirse en el plazo de 30 días desde su entrada en vigor.

El decreto reunía asuntos de naturaleza muy distinta, una circunstancia que dificultaba construir una mayoría común. Junto a las medidas sobre alquiler figuraban la reforma de los procedimientos de desahucio, cambios en la fiscalidad de las socimis y de las viviendas vacías, nuevas reglas sobre los alquileres turísticos y temporales, modificaciones de la ley del suelo y medidas para reforzar la actividad de Casa 47 y la construcción de vivienda asequible.

La decisión de aplazarlo permite mantener abiertas todas estas negociaciones y evita al Ejecutivo exponerse a una nueva derrota parlamentaria. Fuentes de Vivienda aseguran que el Ministerio hará "todo lo que esté en su mano" para lograr el mejor acuerdo posible y sacar adelante el decreto en septiembre. El objetivo es aprobar un marco que dé estabilidad a los hogares que viven de alquiler y, al mismo tiempo, impulse la oferta de vivienda asequible.

El Gobierno añade otro motivo para justificar el cambio de calendario. El último Consejo de Ministros antes del parón estival estará centrado en la respuesta frente a los incendios vinculados a la emergencia climática. Según las fuentes del Ministerio, el Ejecutivo ha decidido priorizar esta cuestión y reservar el debate sobre vivienda para después del verano, cuando exista más tiempo para culminar las conversaciones con los grupos.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha tratado de restar importancia al retraso de la aprobación del real decreto, defendiendo que lo han aceptado por "responsabilidad", ya que muchos grupos parlamentarios les han pedido más tiempo para negociar el texto que salga del Consejo de Ministro. Eso sí, ha exigido que las negociaciones vayan "lo más rápido posible porque hay muchas familias que están esperando a que esto se apruebe". Además, ha querido recalcar que ninguno de los socios se ha bajado de las negociaciones, en referencia a Junts, el aliado más crítico, y que se sigue dialogando con todos los partidos. La intención, ha dicho, es poder empezar el curso parlamentario con la aprobación de este real decreto.

ERC también ha mostrado su preocupación por el aplazamiento. Fuentes del partido advierten de que "la crisis de la vivienda no se va de vacaciones" y subrayan que nada garantiza que el Ejecutivo vaya a reunir en septiembre los apoyos que hoy no tiene. Los republicanos reclaman más ambición para frenar la especulación y la acumulación de viviendas y reprochan al PSOE no haber incluido antes los alquileres temporales y por habitaciones en la regulación de precios, dos fórmulas que, a su juicio, se han convertido en la principal vía para esquivar los topes. Aunque se muestran dispuestos a negociar, exigen al Gobierno que actúe "con la máxima urgencia" porque, avisan, "la gente no puede esperar más".

Por su parte, el PP ha aprovechado el aplazamiento para cargar contra el Ejecutivo. Miguel Tellado sostiene que "los planes de futuro de millones de españoles no pueden esperar a que Sánchez vuelva de sus interminables vacaciones" y acusa al Gobierno de ser incapaz de gestionar el día a día y, por tanto, de solucionar el problema de la vivienda. El dirigente popular da por agotada la legislatura y reclama elecciones anticipadas: "Esto no da más de sí. Apártense de una vez y no nos hagan perder más tiempo".

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