El Ministerio de Sanidad ha iniciado el trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto que regula la situación de electrodependencia. La norma, impulsada a partir de las lecciones aprendidas durante el apagón del 28 de abril de 2025, busca reforzar la protección sanitaria de quienes necesitan un suministro eléctrico constante para mantener sus funciones vitales o evitar secuelas funcionales graves. El proyecto crea un certificado de electrodependencia específico, que emitirá un médico, y un Registro estatal para facilitar la continuidad asistencial y la respuesta ante emergencias.

La norma establece por primera vez una definición común para todo el territorio y fija los criterios clínicos que permiten acreditar esta situación. El Registro estatal permitirá conocer las necesidades de estas personas, garantizar la continuidad de su atención cuando se desplacen entre comunidades autónomas y mejorar la capacidad de respuesta ante apagones u otras emergencias que afecten al suministro eléctrico, señala Sanidad.

El proyecto considera persona en situación de electrodependencia a la que, por razones de salud, necesita un suministro eléctrico constante -de manera permanente o durante determinados periodos- para alimentar productos sanitarios prescritos por un médico o médica especialista que resulten indispensables para garantizar sus funciones vitales o impedir secuelas funcionales graves.

Para reconocer esta condición, detalla Sanidad, deberán cumplirse conjuntamente cuatro criterios: la existencia de una patología grave; la necesidad de utilizar un producto sanitario que requiera electricidad; la prescripción de este tratamiento por un especialista; y la certeza de que una interrupción del suministro pondría en riesgo la vida de la persona o podría causarle secuelas funcionales graves.

El certificado identificará el producto sanitario prescrito, el motivo de su indicación o las horas diarias de uso

El especialista responsable del seguimiento y de la prescripción del producto sanitario informará a la persona interesada de la posibilidad de solicitar el certificado. La solicitud podrá presentarla la propia persona o quien ejerza su representación en la comunidad autónoma donde viva.

Una vez comprobado el cumplimiento de los criterios, el especialista emitirá el certificado, que se incorporará a la historia clínica. El certificado identificará el producto sanitario prescrito, el motivo de su indicación, las horas diarias de uso, la duración prevista del tratamiento y el nivel de criticidad en caso de interrupción del suministro eléctrico.

La condición de electrodependencia permanecerá vigente mientras sea necesario utilizar el dispositivo, bajo la supervisión del especialista de referencia. El certificado establecerá el nivel de riesgo de cada persona en caso de apagones.

El nivel 1, de riesgo extremo, se aplicará cuando el tiempo de supervivencia sin el dispositivo sea inferior a 30 minutos. El nivel 2, de riesgo alto, comprenderá las situaciones en las que el tiempo de supervivencia sin el dispositivo se sitúe entre 30 minutos y cuatro horas. El nivel 3, de riesgo moderado, corresponderá a las situaciones en las que el tiempo de supervivencia sin el dispositivo sea superior a cuatro horas.

El Registro de personas en situación de electrodependencia, concluye el Ministerio, deberá estar plenamente operativo en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor del real decreto. El sistema permitirá verificar la condición y sus características desde cualquier servicio de salud. La información disponible ayudará a las autoridades sanitarias y a los servicios de protección civil a identificar las necesidades más urgentes y establecer prioridades de actuación.

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