Los juzgados de Barcelona resolvieron en 2025 algo más de 13.000 juicios rápidos por reincidir en delitos menos graves, como robos con violencia o hurtos agravados, gracias al plan de refuerzo y de choque contra la multirreincidencia, aunque todavía hay retrasos en los señalamientos que llegan al año.

En concreto, durante el año pasado se celebraron más de 8.000 juicios rápidos, a los que se suman las aproximadamente 5.000 conformidades que hubo, según ha informado la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, en un contacto con los medios para presentar la memoria de la actividad judicial del año 2025.

De los 8.000 juicios rápidos celebrados, unos 3.500 corresponden en concreto a los jueces de refuerzo y, el resto, a los jueces ordinarios fijos, que son 25, a los que se han sumado los de apoyo en el marco de la lucha contra la multirreincidencia para agilizar la respuesta judicial en los delitos menos graves.

Los juicios por estos delitos menos graves, que pueden conllevar penas de hasta cinco años de prisión, se están agendando ahora a un año vista, cuando se llegaron a rozar los dos años, aunque todavía se está lejos de los plazos que marca la ley.

También se ha reducido a menos de un mes el señalamiento de los juicios inmediatos por delitos leves, sobre todo hurtos de pertenencias con un valor inferior a los 400 euros, gracias al tercer juzgado de guardia, frente a los 8,8 meses de media de antes.

No obstante, se estima que la jurisdicción penal de Barcelona en su conjunto requiere un mínimo de 12 nuevas plazas de jueces para poder afrontar la carga de trabajo, de los cuales cuatro deberían destinarse a ejecución penal.

Otro de los problemas es, precisamente, el retraso en la ejecución de sentencias debido, sobre todo, una plantilla de funcionarios de oficina infradotada, tanto en el penal como de menores. En el primero de los casos, se estima que hay unas 16.000 sentencias pendientes de ejecutar. Ferrando advierte de que esta "insuficiencia clara" de personal en la ejecución penal es "preocupante".

De acuerdo con los datos recogidos en la memoria, en el año 2025 los órganos judiciales ingresaron un total de 449.999 asuntos, lo que supuso un aumento del 7,08 % con respecto al año anterior.

El orden jurisdiccional penal concentró el mayor incremento de carga de trabajo y encabezó este crecimiento: un 6,74 % más en instrucción -de los 125.861 asuntos ingresados en 2024 a los 134.348 de 2025- y un 6,59 % más en los penales de enjuiciamiento.

En cuanto a la actividad resolutiva, se incrementó en un 6,08 % con respecto al año anterior. Pese a ello, la pendencia en lo penal aumentó: al cierre del año, hubo un incremento del 6,59 % en el ámbito penal de enjuiciamiento.

La memoria destaca que los juzgados de instrucción no solo afrontan un incremento paulatino de casos año tras año, sino también que las causas son de una mayor complejidad, lo que alarga el tiempo de respuesta judicial.

Entre estos, los casos de delitos económicos, sobre todo, de estafas cometidas a través de internet, ya que en muchas ocasiones requiere la práctica de diligencias de investigación tecnológica.

También cada vez se incoan más causas complejas vinculadas al crimen organizado, lo que en muchas ocasiones conlleva la remisión de comisiones rogatorias a otros países.

Del mismo modo, hay un incremento paulatino de los robos con violencia o intimidación así como su complejidad: La memoria constata la existencia de grupos organizados dedicados al robo de relojes, que hacen la instrucción más compleja, amén del número de investigados en cada causa, lo que eleva la pendencia.

Las gráficas comparativas recogidas en la memoria reflejan que las diligencias abiertas en instrucción de algunos delitos como el tráfico de drogas, hurto, homicidio, tenencia ilícita de armas, estafa o agresión sexual se han duplicado en cinco años -entre el 2021 y el 2025-.

En el delito de tráfico de drogas, se ha pasado de las 2.575 diligencias abiertas en el año 2021 a las 5.077 en el 2025; en los hurtos, de 5.221 a 10.368 en ese corchete de años; en los homicidios, de 113 a 205; en cuanto a la tenencia ilícita de armas, de 66 a 128; en el delito de estafa, de 3.419 a 5.547, y en las agresiones sexuales, de 1.065 a 2.411.

Se estima por ello que es necesario la creación de, al menos, cuatro juzgados más de instrucción en el partido judicial de Barcelona para poder hacer frente a dicho incremento.

En cuanto a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Barcelona, recibieron durante el año 2025 un total de 8.743 asuntos, de los cuales, 7.990 fueron del ámbito penal y 753 en materia civil, lo que supuso un aumento de los primeros y una ligera disminución de los segundos con respecto al año anterior.

Los delitos contra la libertad sexual fueron 257, frente a los 183 del año 2021, los 216 de 2022, los 232 de 2023 y los 252 de 2024.

También se incrementaron los asuntos vinculados a los quebrantamientos de medidas en los casos de violencia sobre la mujer, al pasar de los 731 en 2024 a los 773 el año pasado, así como los quebrantamientos de penas: de los 303 de 2021 a los 575 de 2025.

Además, los juzgados incoaron el año pasado 1.210 peticiones de órdenes de protección y medidas cautelares: 178 para el cónyuge, 93 para el excónyuge, 409 vinculadas a una relación afectiva y 530 por una exrelación afectiva. De ellas, 25 fueron inadmitidas, 501 adoptadas y 683 denegadas