La propuesta avanzada esta semana por el alcalde Jaume Collboni de instar a Gobierno y Generalitat a facilitar herramientas y modificaciones legales que permitan blindar los precios del alquiler de locales comerciales en Barcelona ha sido aprobada este viernes en el plenario municipal, aunque con críticas desde todos los partidos. ERC y Comuns han apoyado la proposición, planteada por la concejala de Comercio, Raquel Gil, pese a estar en desacuerdo con la fórmula ideada por los socialistas. Mientras que Junts, PP y Vox han votado en contra al considerarlo otro ejemplo de "intervencionismo" que puede acabar perjudicando al mercado. La patronal Barcelona Oberta también "discrepa" de que la "regulación" sea la mejor solución.

En esencia, el PSC ha propuesto que se regulen los alquileres de comercios de barrio, estratégicos o emblemáticos para garantizar su continuidad. Tal y como se fijaron medidas para limitar las rentas de la vivienda, el ayuntamiento pretende preservar la actividad económica frenando los auges del mercado inmobiliario. No obstante, plantea una estrategia doble: instar al Gobierno español a crear una regulación de alquileres comerciales a través de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) y en paralelo trabajar con la Generalitat de Catalunya para crear un nuevo instrumento de tanteo y retracto para que las administraciones tengan derechos preferentes de compra de locales estratégicos o singulares cuando salgan a la venta, siempre que sean espacios "sensibles a la presión inmobiliaria y turística" y de forma "selectiva", como informó este diario el miércoles.

Gil ha leído la proposición en el pleno constatando el compromiso del Ayuntamiento "con la defensa del comercio de proximidad, de los comercios singulares y los establecimientos tradicionales" como elementos identitarios de los barrios. La teniente de alcalde también ha pedido que el Congreso habilite mecanismos que permitan establecer "medidas de contención de los precios de los alquileres comerciales en aquellas zonas especialmente afectadas por procesos de incremento sostenido de las rentas", con el objetivo de "garantizar la permanencia de los pequeños negocios, preservar la diversidad comercial de los barrios y evitar la sustitución de comercio de proximidad". Incluso ha enfatizado que otras ciudades podrían beneficiarse, y que Barcelona volvería a ser pionera en la implementación de iniciativas.

El PSC argumenta que en muchas ocasiones los incrementos de alquiler "no pueden ser asumidos" por los comercios de proximidad, "pero sí por grandes operadores o franquicias con una mayor capacidad económica". Los relevos acaban generando "una progresiva homogeneización comercial", además de la pérdida de espacios de "convivencia" y referentes locales.

El debate no es nuevo, puesto que en 2024 el grupo de ERC ya hizo una proposición en el mismo sentido, que fue aprobada en Comisión de Economía con apoyo de PSC y los Comuns. Pero entonces la responsable de Comercio tenía dudas sobre a qué tipo de locales acotar las medidas. No obstante, el pasado miércoles el alcalde Jaume Collboni avanzó sus planes de control de este mercado en Barcelona, asegurando a la agencia ACN, que “hay recorrido” para proteger el comercio local de proximidad antes de llegar a la “desertificación comercial”.

Iniciativa para promover el comercio emblemático del centro de Barcelona con rutas, en una iamgen de archivo / EPC

Precisamente, desde ERC, Jordi Coronas ha recordado hoy que en dos años no han tenido noticia de los informes prometidos por Gil sobre la situación del mercado de locales y sobre las vías jurídicas posibles. Han votado a favor por el fondo, pero no por las formas, ya que defienden que "el debate no se limite a la LAU", sino que incluya modificaciones en el Código Civil de Catalunya. También han criticado que el gobierno de Collboni haya movido ficha después de que un 76% de barceloneses se mostrasen partidarios al control de estos arrendamientos en el último Barómetro municipal.

Pau González, por parte de los Comuns, también ha dado luz verde a la proposición por tratar de la protección del comercio de proximidad, pese a criticar el "poco rigor de la propuesta" y recordar que su grupo ya pidió un informe hace un año sobre las posibles herramientas que podía desarrollar Barcelona, sin respuesta.

Para Junts, la preocupación por el comercio es compartida, con más de 50 iniciativas planteadas durante el mandato, según la concejala Joana Ortega. Pero creen que el problema se debe afrontar desde las competencias locales y de la Generalitat y no reclamando la intervención del Estado. "Antes de intervenir en contratos entre particulares hay que decir qué se ha hecho hasta ahora, primero la diagnosis", ha dicho, con el voto en contra.

En la misma línea, Daniel Sirera (PP) ha rechazado la "receta" del PSC. "Su respuesta siempre es prohibir o intervenir", ha lamentado. Ha acusado a las políticas de Comuns y socialistas en los últimos 11 años de haber provocado un incremento de tiendas de poca calidad, desde súpers 24 horas hasta establecimientos cannábicos y turísticos. A su juicio, hay mejores soluciones de apoyo al comercio, que van de ayudas fiscales a mejoras en la seguridad. Igualmente contrario ha sido Vox, echando en cara los resultados de las políticas de vivienda que también se basaron en topar los precios de los alquileres.

Gil ha replicado que el equipo de Collboni ya había desplegado todos los recursos posibles desde sus competencias, como subvenciones o iniciativas para fomentar el consumo, y que ahora hay que ir más allá de la esfera local.

La patronal Barcelona Oberta, que aglutina a los ejes comerciales más céntricos y a los turísticos, explica a este diario que comparte "plenamente la preocupación por preservar el comercio local y los establecimientos que dan identidad a los barrios", pero "discrepa" de "la idea de que la mejor respuesta sea intervenir o regular los alquileres comerciales. "Barcelona necesita una política decidida de promoción del comercio, no una nueva regulación que introduzca incertidumbre", apuntan.

En su opinión, "el comercio se fortalece generando actividad, atrayendo inversión, facilitando el emprendimiento, rehabilitando locales, simplificando trámites e impulsando la colaboración entre el sector público y el privado". Por ello, defiende que "los alquileres son solo una consecuencia del valor que genera una ciudad viva, atractiva y dinámica". Considera que la protección debería apuntar a las causas y fomentar el consumo local y apoyar a los vendedores, revitalizando los ejes. "Necesitamos más confianza y más incentivos, no más intervención", zanja, defendiendo que "la mejor política comercial es aquella que promueve oportunidades, no la que limita las relaciones entre particulares", "El futuro del comercio pasa por generar valor", concluye.

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