Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tienen este miércoles su tercera cita en los tribunales de Nueva York desde que llegaron esposados y tras la operación de un comando militar norteamericano, el pasado 3 de enero. Antes de entrar a la sede judicial, vestido con el uniforme carcelario de color beige, se supo que el juicio en su contra se iniciará el 1 de junio de 2027. El expresidente ha sido acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, entre otros delitos. Maduro no ha tenido el privilegio que la administración de Donald Trump acaba de otorgarle a su sucesora, Delcy Rodríguez: inmunidad judicial. El Departamento de Justicia (DOJ) alegó ante un tribunal del distrito Sur de Florida la "potestad" para blindar a la "presidenta encargada" frente al pedido de una millonaria indemnización a tres ciudadanos norteamericanos que habían sido encarcelados en Venezuela y en su momento denunciaron haber sido torturados.  Para la Casa Blanca, Rodríguez es "jefa en activo de un Estado extranjero". Los dos hechos, la presentación del DOJ y la nueva audiencia de Maduro, suceden casi al mismo tiempo e informan sobre la naturaleza de las actuales relaciones entre Washington y Caracas.

Durante los 18 minutos que duró la vista a cargo del juez Alvin Hellerstein, el exmandatario se tocó repetidamente los auriculares, como si tratara de capturar una señal más limpia de la traducción. Maduro siguió la sesión junto a sus abogados. A su lado, Flores también mostró una apariencia más saludable. Al finalizar la sesión, ambos conversaron con sus abogados. Luego abandonaron el tribunal.

Maduro, quien hace más de seis meses se encuentra en una prisión federal de Brooklyn, se ha declarado "no culpable" de los cargos que le imputan.  También se consideró un "prisionero de guerra". El fiscal federal Jay Clayton  y la defensa analizarán el estado de las pruebas reunidas, la presentación de distintas mociones y otros aspectos procesales.

Originalmente, la audiencia estaba prevista para el 30 de junio, pero el DOJ solicitó postergarla alegando cuestiones de seguridad. La decisión coincidió con el desarrollo del Mundial 2026, que concluyó el pasado domingo y demandó un fuerte despliegue policial.

El magistrado Hellerstein se encuentra a la par en el centro de discusiones sobre el proceso que enfrenta Maduro: tiene 92 años y durante la audiencia anterior mostró signos de fatiga que suscitaron interrogantes entre especialistas sobre su capacidad para conducir un juicio que promete ser extenso y técnicamente complejo.

La defensa del expresidente había asegurado en sus escritos previos que Maduro gozaba de inmunidad debido a su condición de jefe de Estado. El DOJ acaba de fundamentar lo mismo pero en el caso de Delcy Rodríguez. Los abogados de Maduro, Barry Pollack y Mark Donnelly, podrían insistir en ese reclamo y con un pedido puntual para anular el proceso, argumentando a la vez presuntas irregularidades en el procedimiento mediante el cuales el entonces presidente y su esposa fueron capturados en Caracas. El próximo 17 de noviembre el tribunal deberá evaluar si ese beneficio extendido a Rodríguez le corresponde a su antecesor en calidad de jefe de Estado al momento de su captura. Los letrados quieren además insistir en la discusión sobre la competencia de la Justicia estadounidense para tramitar el expediente.

La Venezuela actual observa el proceso judicial en EEUU con distanciamiento y hasta indiferencia. Maduro había dejado de ser una "causa nacional" para el Gobierno interino, cada vez más alineado con la Administración de Donald Trump. El doble terremoto corrió su caso judicial de la agenda pública por completo, a pesar incluso de las palabras solidaridad y condolencias para las familias de los miles de víctimas que el propio Maduro envío desde la prisión y que fueron divulgadas a través de las redes sociales.

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