La partida, de 4,15 millones de euros, beneficiaría a 2.236 empleados públicos de administración y servicios de los centros educativos
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha propuesto, en la mesa sectorial, destinar los 4,15 millones de euros correspondientes a la partida de brecha salarial de los ejercicios 2025 y 2026 al personal de administración y servicios (PAS) de los centros educativos, con el objetivo de reducir desigualdades retributivas dentro del sistema educativo valenciano.
La propuesta se dirige a los colectivos con menores niveles salariales de la Administración educativa: subalternos, administrativos de los grupos C1 y C2, fisioterapeutas y trabajadores sociales. En total, la medida beneficiaría a 2.236 empleados públicos.
El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha recordado que las cantidades destinadas a la brecha salarial durante los años 2022, 2023 y 2024 se distribuyen de manera lineal entre el conjunto del funcionariado docente. Sin embargo, “la finalidad de esta partida es corregir desigualdades retributivas, por lo que resulta coherente dirigir los recursos a aquellos colectivos que presentan mayores diferencias salariales respecto al resto de trabajadores del sistema educativo”.
Además, la medida tiene una importante dimensión de igualdad. Los colectivos beneficiarios presentan una elevada presencia femenina, en concreto, el 73 % del total, unas 1.635 mujeres.
De este modo, la mayor parte de los recursos públicos destinados a esta actuación recaerían directamente sobre mujeres trabajadoras, contribuyendo a avanzar en los objetivos de igualdad retributiva y reducción de las brechas salariales existentes.
Por otra parte, desde la Conselleria de Educación se ha destacado el papel esencial que desempeña el personal de administración y servicios en el funcionamiento diario de los centros educativos. “Las tareas de atención al público, gestión administrativa y económica, apoyo al alumnado con necesidades específicas, intervención social y coordinación de servicios resultan fundamentales para garantizar una educación pública de calidad”, ha explicado Ortega.
En este sentido, la propuesta supone un reconocimiento al trabajo que realiza este colectivo y contribuye a mejorar la motivación profesional, favorecer la estabilidad de las plantillas y dignificar puestos que históricamente han tenido niveles retributivos inferiores respecto a otros colectivos de la Administración educativa.
