La semana pasada se realizó la presentación por parte del Ministerio de la Defensa sobre las necesidades que se requieren para hacer frente al crimen organizado. Hay una cifra en el diagnóstico más reciente que debería ocupar el centro de la conversación pública. No es el número de operativos, ni las toneladas incautadas, ni los estados de excepción. Es una comparación: los ingresos estimados del crimen organizado transnacional ascienden a unos Q19 mil 230 millones al año, entre 2.5% y 3% del PIB, según estimaciones de las autoridades, mientras el presupuesto de defensa apenas alcanza los Q3 mil 859 millones, un 0.43% del PIB.

Durante años hemos dicho que la seguridad es un asunto prioritario, más patrullajes, más presencia, más firmeza. Pero cuando una organización criminal dispone de cinco veces más recursos que la institución encargada de contenerla, y además diversifica ingresos entre narcotráfico, extorsión, contrabando, minería ilegal y trata de personas, el problema deja de ser de voluntad y pasa a ser de capacidad. Ninguna estrategia puramente reactiva revierte una asimetría de ese tamaño.

El diagnóstico oficial admite brechas de 52% en munición, de 37% en movilidad, de hasta 65% en comunicaciones, y la ausencia de una red integrada entre las fuerzas de tierra, mar y aire. Se reconoce además que existen “siete criterios doctrinarios operando en paralelo dentro de una misma institución”. Y acepta algo que ninguna burocracia admite con facilidad: “que inyectar más recursos a un sistema desordenado solo multiplica la ineficiencia”.

Ahí es donde tenemos que enfocarnos. La secuencia correcta no es crecer y después ordenar, sino ordenar, reasignar y luego crecer. Porque el otro dato incómodo no es cuánto se gasta, sino cómo. El 93.9% del presupuesto de defensa se consume en funcionamiento y apenas el 6.1% se destina a inversión. Con esa estructura es imposible cerrar brechas tecnológicas, comprar equipo de reconocimiento o construir interoperabilidad.

Según el Banco Mundial, “Guatemala destina hoy la menor proporción de su PIB a defensa de toda la región mesoamericana, cuyo promedio ronda 0.89%, y muy por debajo del promedio latinoamericano de 1.13%”. Esto requiere que cada quetzal adicional venga acompañado de estandarización, trazabilidad y métricas verificables.

Desde Fundesa, en Enade este año —que se enfoca precisamente en seguridad para mejorar el desarrollo— hemos insistido en que la seguridad se evalúe con el mismo rigor que exigimos a cualquier inversión pública: resultados medibles, control civil, respeto irrestricto al marco constitucional y delimitación clara entre la función militar y la seguridad ciudadana. La certeza jurídica no es un accesorio de la modernización, es su condición de validez.

Tenemos también una razón económica directa. La extorsión, ocho mil 769 casos —una tasa de 46 por cada cien mil habitantes—, es probablemente el delito que más encarece la operación empresarial en Guatemala. Golpea al transporte de carga, al comercio de barrio, a las pequeñas y medianas empresas que no pueden contratar seguridad privada. Funciona como un impuesto paralelo que desplaza inversión, genera una economía con la cual la empresa formal, no puede competir.

La protección de corredores logísticos, puertos y fronteras no es solo un gasto militar, es infraestructura de comercio. Los ingenieros militares que construyen caminos, la sanidad que llega donde no llega el sistema de salud, la presencia del Estado en los 22 departamentos: todo eso es desarrollo. Trabajemos juntos para fortalecer la capacidad del Estado.