Al granoLas leyes no se modifican con frecuencia, por eso, cuando la oportunidad se presenta, hay que aprovecharla para articular marcos eficientes y con claridad.

La iniciativa de Ley General del Sistema Portuario vuelve a ser noticia. Según se ha informado, al anteproyecto se le han formulado 34 enmiendas. No entro aquí a juzgar el mérito de cada una. El dato, por sí solo, revela un problema anterior: el concepto que sostiene la propuesta no está suficientemente claro.

Esto es lamentable porque Guatemala no puede darse el lujo de seguir aplazando una reforma portuaria seria. Nuestra ubicación geográfica ofrece una ventaja evidente, pero la geografía, por sí misma, no produce desarrollo. Para aprovecharla se necesitan inversiones portuarias de gran escala, reglas comprensibles y procedimientos que den certeza a quienes estén dispuestos a invertir.

Una ley portuaria no tendría que ser un laberinto. Su función principal debería ser definir, con sencillez y precisión, los requisitos legales y los procedimientos administrativos para desarrollar puertos estatales, puertos bajo la modalidad de alianzas público-privadas y puertos privados. También debe ordenar la autoridad estatal encargada de conocer, estudiar y resolver las solicitudes privadas y las iniciativas estatales.

A partir de allí, la ley debe establecer un régimen de supervisión eficaz. Este debe velar por el cumplimiento de los estándares de seguridad personal y nacional, sanidad y salud pública, así como por el control de plagas. También debe asegurar que la Policía, las aduanas y las autoridades sanitarias dispongan de instalaciones adecuadas dentro de los puertos y puedan ejercer sus funciones sin interferencias ni vacíos de competencia.

Nada de esto exige crear una estructura normativa innecesariamente complicada. Exige saber qué se quiere regular, quién decide, bajo qué requisitos, en qué plazo y con qué controles. Cuando una iniciativa necesita decenas de enmiendas antes de encontrar rumbo, conviene revisar la premisa, no solamente remendar el articulado.

El sistema, además, debe favorecer la competencia entre los distintos oferentes de servicios portuarios. Cada usuario debería poder escoger la opción que mejor responda a sus necesidades de costo, tiempo, ubicación y calidad. La competencia disciplina, obliga a mejorar el servicio y reduce el riesgo de que una sola instalación se convierta en obstáculo para toda la cadena logística.

El despegue de la economía nacional también depende de esta infraestructura. De poco sirve mejorar las carreteras y acortar los tiempos de traslado dentro del país si, al llegar al puerto, los productos agrícolas o las manufacturas quedan atrapados en un embudo. Una cadena logística funciona tan bien como su punto más lento. Si ese punto es el puerto, la inversión realizada en movilidad pierde buena parte de su efecto.

Guatemala ya conoce un modelo de convivencia entre participación estatal y privada. El Inde existe junto a generadores, transportistas y comercializadores privados de energía eléctrica. El Estado subvenciona lo necesario para quienes no puedan cubrir las tarifas de mercado, mientras distintos actores participan en el sector. ¿Por qué no puede ocurrir algo semejante con los puertos?

La discusión legislativa debería volver a lo básico. Guatemala necesita una ley que abra espacio a la inversión, organice con claridad la función pública, garantice controles indispensables y permita competir. No necesita una norma tan compleja que termine cerrando las puertas que pretende abrir.