Las consecuencias del urbanismo impulsado durante el desarrollismo franquista, muchas veces sin tener la mirada puesta en las necesidades del futuro, todavía colean décadas después. Uno de los principales retos pendientes de resolver es la situación las urbanizaciones que se construyeron entre 1956 y 1981, pero que no fueron legalizadas, de modo que perviven lastradas por la falta de servicios esenciales u obras de urbanización inacabadas. Un total de 83 alcaldes y alcaldesas de distintos partidos han dado apoyo este miércoles 11 de marzo a un manifiesto que reclama, precisamente, revertir los déficits urbanísticos y la situación administrativa de estos complejos residenciales.

“Es un tema del que no se habla suficientemente. Es el primer problema urbanístico del país y afecta a municipios de las cuatro provincias”, ha remarcado el alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, Albert Pla, en un acto que ha acogido el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Pla ha insistido en que se trata de uno de los “problemas más complejos” con los que lidian los municipios pequeños y medianos. El mismo edil ha explicado que, además, parte de las urbanizaciones han evolucionado de segundas residencias a viviendas principales a raíz de la crisis de la vivienda actual y de las facilidades que generan en algunos sectores las nuevas realidades laborales.

Durante el acto, distintos alcaldes han recordado que muchos de los vecinos afectados ya pagan elevados recibos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y que les reclaman el acceso a servicios —cuantan con problemas en el abastecimiento de agua, iluminación, asfaltado o alcantarillado— y mejoras en su entorno, pero que luego se encuentran con la negativa de interventores y secretarios a la hora de poder afrontar estos gastos, ya que las áreas residenciales no se consideran incluidas dentro de la disciplina urbanística competencia de la administración municipal.

Por lo tanto, son los propios vecinos de cada zona, que muchas veces no son capaces de hacer frente a las cuotas de urbanización, los que se tienen que hacer cargo. Sin embargo, tal y como recoge el manifiesto, las cuotas urbanísticas derivadas de las obras de urbanización pueden oscilar entre los 30.000 y 80.000 euros por parcela. Según los datos de la Generalitat, hay un total de 730 de estas urbanizaciones con déficits urbanísticos y/o no recepcionadas y que afecta a unos 120.000 catalanes. Estas representan la mitad del total de 1.433 urbanizaciones registradas en Catalunya. Los consistorios advierten que si ellos, si como establece la ley, deciden sacar adelante los proyectos de urbanización y repercutir a los vecinos las cuotas correspondientes, no sólo se condena económicamente a los vecinos, sino que, de rebote, "se pone en riesgo la viabilidad financiera de los propios ayuntamientos", que se verían obligados a lidiar con impagos.

Los consistorios están ahora expectantes de una reunión con el Govern de la Generalitat prevista para la semana del 20 de abril aunque advierten en la necesidad de incidir en las raíces del problema y garantizar financiación. Recientemente, un cambio legal aprobado por el Executiu busca precisamente ayudar a que los consistorios puedan regularizar estos complejos de viviendas.

Más allá de la reforma normativa, un convenio entre el Departament de Territori y el Institut Català de Finances (IFC) también aspira a poner las bases para financiar a los ayuntamientos implicados. La idea es que, con esa línea de financiación, los consistorios puedan avanzar los fondos para ejecutar las obras o tramitar el planeamiento urbanístico necesario. Aunque todavía no está concretada la partida económica ni los consistorios que podrán acogerse, en el Govern tienen claro que podrá facilitarse la mejora de muchas urbanizaciones.

El Govern apuntaba recientemente que será en la reunión se les explicará cómo podrán acceder a apoyo técnico de la administración catalana, cómo operar en función del tipo de suelo en que se ubiquen las urbanizaciones —pueden estar en suelo no urbanizable, urbanizable o urbano no consolidado— y cómo podrán beneficiarse del cambio normativo. El mismo Albert Pla ha incidido en que el Govern está "haciendo algunos avances que parecen positivos y podrían dar respuesta a algunas demandas", pero que muchas alcaldías "tenemos dudas importantes sobre la mesa". Por ello reclama diálogo y que se cuente con el mundo local para afrontar este reto. "Si de algo no se habla, no se avanza. Queremos ser escuchados y aportar en la resolución de este problema enquistado", ha remachado.

Los municipios firmantes reclaman a la Generalitat la redacción de un Plan Director Urbanístico de todas las urbanizaciones con carencias en Catalunya que funcione como herramienta marco para establecer criterios aplicables a todo el territorio y que sirva de base para la creación de líneas de financiación específicas. En esta línea, también piden una modicaficación de la Ley de Urbanismo de catalunya que incorpore "criterios de viabilidad técnica a la hora de exigir mejoras urbanísticas" y que reconozca las especificidades de los municipios pequeños.

Además, remarcan la necesidad de crear un fondo que permita destinar recursos a los consistorios catalanes para "financiar la formulación y la ejecución de programas de adecuación de las urbanizaciones y la redacción de proyectos". Y que IFC facilite el acceso a créditos y subvenciones a los propietarios afectados. Así, en conjunto, exigen una mayor flexibilidad en la normativa existente para facilitar a los accesos a servicios básicos con en el que viven muchas viviendas.

El acto y el mismo manifiesto han contado también con el apoyo de la Federació Catalana de Municipis (FMC) y de la Associació Catalana de Municipis (ACM). David Bote, presidente de la FMC y alcalde de Mataró, ha señalado que la financiación y la normaticatual suponen dificultades añadidas y que haya muchos pueblos y algunas ciudades que "no tienen manera de resolver estas cuestiones enquistas". Cuestiones que pueden derivar en problemas de seguridad pública, como las dificultades a los servicios de emergencias, o medioambientales. En este contexto, Bote ha aprovechado para hacer una crítica velada a la especulación que reinó en el momento en el que se desarrollaron las urbanizaciones y con las que "alguien se enriqueció" y ha defendido la importancia de un buen financiamiento que pueda hacer frente a los retos sociales: "Luego pedimos a las administraciones que arreglen cosas, pero no les damos las herramientas necesarias".

Por su parte, Gerard Sabarich, vicepresidente de la AMC y alcalde de Rialp, ha remarcado la importancia de apoyar a los ayuntamientos: "Hace 19 años que soy alcalde y hay déficits urbanísticos que me encontré y seguramente los dejaré. Y esto es muy frustrante. El mundo local pide menos normativa y que sea más flexible y que los técnicos municipales tengan las herramientas para resolver los problemas", ha dicho Sabarich, quien ha denunciado que la financiación de los municipios es "precaria".

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