La airada discusión jurídica en torno a los ejes verdes que abanderó Colau durante su alcaldía en Barcelona se ha trasladado al ámbito del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La administración supramunicipal acaba de aprobar provisionalmente —con votos favorables de PSC, Junts, ERC y Comuns— una actualización medioambiental de la norma que está en el ojo del huracán judicial por las pacificaciones barcelonesas. Un movimiento urbanístico que ha provocado el frontal rechazo de las mismas entidades que llevaron a los tribunales las 'Superilles' de la capital catalana, especialmente de las patronales Foment del Treball y Barcelona Oberta y de la Associació d'Amics del Passeig de Gràcia.

Los tres colectivos sostienen directamente que la modificación del sistema vial del Plan General Metropolitano (PGM) a cargo del AMB es nula de pleno derecho, según se desprende del exhaustivo informe de alegaciones del ente consultado por EL PERIÓDICO. Las patronales afirman que la reforma metropolitana busca "eludir el cumplimiento de diversas sentencias dictadas por los juzgados contenciosos administrativos y por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)". Básicamente, para "dotar de cobertura normativa a actuaciones previamente declaradas ilegales", prosigue el escrito de alegaciones.

Los recurrentes se refieren a las seis sentencias en primera instancia y otra del TSJC —hay una octava que avala la postura del Ayuntamiento de Barcelona— que les dan la razón en que, para realizar las obras de los ejes verdes del Eixample de Barcelona, debía haberse modificado antes el PGM porque se producen cambios en la funcionalidad de las vías —de la circulación de coches a la pacificación— que penden del plan urbanístico maestro de 1976. Las patronales interpretan la nueva reforma del PGM como una treta metropolitana para enmendar la tara competencial que los tribunales reprueban.

Como respuesta, el AMB desestima estas alegaciones a través de un minucioso informe que defiende la legalidad de la actualización urbanística para blindar el criterio de la movilidad sostenible en el sistema viario metropolitano. Por una parte, la administración afirma no ser parte en ninguno de los procesos judiciales, alude a que el caso está pendiente de resolución en el Supremo e incluso cita el voto discrepante de una magistrada del TSJC que se adhirió al parecer del Ayuntamiento de Barcelona.

Por otro lado, el AMB explicita la necesidad de adaptar el PGM a la Ley de Movilidad Sostenible estatal. E incluso justifica su reforma citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condenó a España por incumplimientos a la hora de combatir la contaminación en Barcelona y Madrid. "No existe ninguna voluntad de incumplir eventuales futuras sentencias", reza la respuesta metropolitana, que insiste en que no ser parte en ninguno de los procesos judiciales descarta cualquier "desviación de poder".

Además de Foment, Barcelona Oberta y Amics del Passeig de Gràcia, otras dos entidades alegan contra la modificación del PGM impulsada por el AMB: la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) y el Gremi de Garatges de Barcelona. Con una argumentación similar, ambas solicitan la nulidad de la reforma aludiendo a su "desviación de poder" y a su voluntad de "eludir resoluciones judiciales". El AMB también desestima estas aportaciones.

Un importante motivo por el que todas estas patronales se posicionan formalmente contra reformas urbanísticas como la del PGM es que las alegaciones se contemplan como un trámite indispensable para recurrir posteriormente ante un juzgado de lo contencioso-administrativo. Como ocurre en los casos judiciales relativos a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), el propósito de estos colectivos es defender los intereses de sus asociados que se ven afectados por las regulaciones. Foment del Treball Nacional, sin ir más lejos, agrupa organizaciones sectoriales y empresas —en el sector transporte, la Asociación Empresarial del Taxi o la Associació VTC Gran Turisme Catalunya, por ejemplo— que representan el 75% del Producto Interior Bruto (PIB) catalán.

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