29/04/2026 a las 20:03h.

Por imposición legal. Sería la manera más breve y directa de resumir por qué, finalmente, Zamora tendrá una zona de bajas emisiones (ZBE). La ley obligaba a establecerla antes de 2023, pero será una realidad, previsiblemente, el próximo mes de mayo, a pesar de que el Ayuntamiento (gobernado por IU y el PSOE) era reacio a su aplicación.

Y eso, quizá, es lo que más llama la atención: que un Gobierno de izquierdas esté en contra. Los motivos los relata, en conversación con El Norte de Castilla, el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo (IU). La explicación es esta: «Con los proyectos de transformación de los espacios públicos y de peatonalizaciones, ya estamos cumpliendo con los objetivos de calidad del aire que se pretenden alcanzar con las zonas de bajas emisiones». Dichos umbrales se estatuyen (en su última actualización) en el Real Decreto 34/2023, de 24 de enero.

Lo que critica, por tanto, es la obligatoriedad de elaborar una nueva ordenanza y establecer esta ZBE bajo el paraguas de la 'oficialidad': «Es que es algo completamente fútil e innecesario. La línea de trabajo en materia de políticas de urbanización de la ciudad ya camina pensando en el peatón. La zona en la que se va a aplicar la ZBE es un ejemplo muy significativo de espacios que antes eran raquíticos para los viandantes, sobre todo en una ciudad como Zamora, con una población de avanzada edad, y que ahora cuentan con unas aceras muy generosas, es decir, la mayor parte del espacio».

Cómo

Aunque renuentes, desde el Gobierno municipal, apunta Novo, siempre han tenido claro que, «por responsabilidad política», no iban a «poner en juego, por ejemplo, subvenciones ya ejecutadas por parte del Ayuntamiento –cuya devolución podría solicitar el Gobierno central de no cumplir con la legalidad– ni futuras convocatorias tanto de fondos europeos como de más subvenciones estatales».

Por lo tanto, han optado por cumplir con el imperativo, pero sin que haya afecciones en la ciudadanía. Para ello, implementarán esta zona de bajas emisiones en unas calles céntricas de la ciudad en las que ya actuaron en 2023, con la supresión de estacionamientos y la ampliación de las aceras. Algo que, según el concejal, ha reducido el tráfico rodado en esas vías (el entorno de las calles Cortinas de San Miguel, Brasa y San Miguel) en un 70%.

La única intervención consistirá en la colocación de medidores de partículas en los accesos a estas calles, aunque sabiendo que, subraya Novo, «por la casuística de nuestra ciudad, nunca vamos a llegar a superar el volumen de emisiones que nos obligaría a aplicar determinadas restricciones, que ya están también contempladas».

Cuándo

La ordenanza, que el Gobierno municipal encargó a una empresa externa, se ha terminado de redactar en la última semana. También ha modificado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Pmus) y están a la espera de recibir varios informes técnicos de distintos servicios municipales.

El objetivo era llevar la ordenanza a Pleno en el mes de abril, pero, presumiblemente, será en mayo. Una vez aprobada, se instalarán los sensores y la ZBE comenzará a funcionar formalmente.

Impugnación de las ZBE

El pasado 25 de marzo, el Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó el informe de fiscalización sobre el establecimiento de las zonas de bajas emisiones. Recordaron que la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, obligaba a establecerlas (antes de 2023) en todos los municipios con más de 50.000 habitantes y aquellos de más de 20.000 con altos niveles de contaminación.

Tres años más tarde, detallan en dicho análisis, «todos los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes (Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora) han previsto el establecimiento de las zonas de bajas emisiones y, salvo en el caso del de Zamora, donde la tramitación se ha retrasado acusadamente, y del Ayuntamiento de Palencia, que no ha culminado el proceso, las han establecido, al aprobar definitivamente y entrar en vigor las ordenanzas reguladoras».

Aunque hay diferentes salvedades, que también destacan en el informe: de las siete entidades con ordenanzas aprobadas y en vigor, salvo en Ponferrada y Salamanca, en las cinco restantes se produjo una impugnación de éstas en vía jurisdiccional. En el caso de Burgos, existe sentencia desestimatoria del recurso.

También hay sentencia en los casos de Ávila y Segovia, siendo estimatorias de los recursos por defectos formales, centrados en la falta de previsión del establecimiento de las zonas en los planes de movilidad urbana sostenible, obligándose con ello a una regularización y nueva tramitación de las dos ordenanzas.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Segovia aprobó inicialmente la nueva ordenanza reguladora de la ZBE, publicada en el BOP de 13 de febrero de 2026. Asimismo, con fecha de 16 de marzo de 2026, se dictó sentencia declarando nula la ordenanza reguladora de la ZBE del Ayuntamiento de Valladolid.