España es una de las economías europeas más expuestas al calor extremo, lo que ya ocasiona pérdidas multimillonarias según diferentes estudios que varían en las estimaciones, pero que coinciden en que el perjuicio se agravará progresivamente en los próximos años hasta el final de la década.

Un reciente informe de la aseguradora Allianz calcula unas eventuales pérdidas para la economía española hasta 2030 de 120.000 millones de dólares, alrededor de 105.000 millones de euros equivalentes al 7% del producto interior bruto (PIB).

La compañía estima que en un escenario de estrés térmico la recaudación por impuestos caería un 1,3% y los sueldos, entre un 0,7% y un 1,3%, mientras que los precios al consumo subirían de forma acumulada un 1,9% y el desempleo aumentaría 2,45 puntos porcentuales en el mismo periodo.El informe añade que España se encuentra entre los países cuyo consumo energético per cápita más aumenta durante los episodios de calor más intensos, entre un 4% y un 5%.

Un estudio anterior de investigadores de la Universidad de Mannheim y del Banco Central Europeo (BCE) sitúa a España como el país más afectado de la Unión Europea (UE) por los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el aumento de la temperatura, con 12.000 millones de pérdidas solo en 2025.

El impacto económico podría escalar hasta los 34.000 millones de euros en 2029, superando las pérdidas estimadas para otros países como Italia y Francia, por la sustancial reducción de las horas trabajadas en la construcción y la hostelería.

En el ámbito laboral, un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sostiene que la productividad de los trabajadores cae entre un 2% y un 3% por cada grado que supera los 20 grados centígrados.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 2020 ha aumentado cerca de un 35% el número de trabajadores expuestos al calor extremo en todo el mundo, con la previsión de que en 2030 se pierdan el 2,2% del total de horas de trabajo.

Con cada ola de calor el Ministerio de Trabajo recuerda las obligaciones de prevención de las empresas, que tienen que parar la actividad si llega a existir riesgo inminente para la salud de los trabajadores. Uno de los sectores más afectados es la construcción que se ha dotado de un protocolo específico que, en escenarios de alerta naranja o roja por altas temperaturas, prohíbe los trabajos en solitario, prioriza tareas en interiores o a la sombra, incrementa el suministro de agua y, si el riesgo no puede eliminarse o reducirse, obliga a adoptar medidas sobre las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de la jornada.

Los operarios de Eiffage Construcción, por ejemplo, tienen pulseras de control térmico para monitorizar la temperatura corporal durante la jornada, que emiten alertas cuando detectan un posible riesgo.

El deterioro de las infraestructuras es otro aspecto del impacto económico de la meteorología adversa, en particular para una red eléctrica que cada vez opera en un contexto de mayor riesgo de incendios, episodios de viento extremo o lluvias intensas, señalan a Efe desde la patronal eléctrica AELEC que integran Iberdrola, Endesa y EDP.

Las empresas distribuidoras vienen reforzando de forma continuada sus actuaciones con el mantenimiento preventivo de las instalaciones, una mayor supervisión y más coordinación con las administraciones competentes en materia de prevención de incendios. Aelec reclama un marco regulatorio favorable que facilite y promueva la inversión sostenida que se requiere para la digitalización y automatización, porque con ello se facilita la detección temprana de anomalías y la actuación remota sobre la red.

Enagás también tiene integrada en su gestión la anticipación ante fenómenos como las olas de calor que suponen un riesgo climático relevante para la red de transporte de gas, especialmente en instalaciones de superficie, estaciones de compresión y actividades de operación y mantenimiento.