GINEBRA – El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de las Naciones Unidas, denunció la invalidación repentina de abogados y notarios por parte del gobierno, lo que elimina de un día para otro una parte esencial de la profesión jurídica, y priva a la población de su derecho a la defensa.

Durante la última semana, “el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, afirmó el jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos que actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza de Ginebra.

“Hemos condenado reiteradamente la injerencia del gobierno de Nicaragua en el Poder Judicial, pero la eliminación de una parte considerable de la profesión jurídica representa una nueva escalada”, apuntó Simon.

Los testimonios recogidos por el Grupo indican que, en términos generales, no hubo notificación previa, no se proporcionó fundamento jurídico y no se emitió ninguna explicación oficial, para la supresión del registro de numerosos abogados y notarios.

Se trata de centenares y podrían ser hasta 2000, según medios nicaragüenses en el exilio. La mayoría solo tuvo conocimiento de la medida cuando intentó ingresar a un tribunal, presentar escritos judiciales o introducir su nombre en el registro digital de la Corte Suprema de Justicia y comprobó que ya no figuraba en él.

Se divulgan testimonios de abogados según los cuales la medida forma parte de “un patrón de persecución del gobierno contra ciudadanos identificados con la democracia”, y además envía un mensaje a los nicaragüenses de que “no pueden escoger a cualquier abogado, sino a quienes tengan privilegios ante el régimen”.

En 2023, las autoridades suspendieron de manera arbitraria y permanente a por lo menos 28 abogados. Desde entonces, la Corte Suprema también ha rechazado arbitrariamente renovar los “quinquenios” notariales de otros abogados, impidiéndoles continuar ejerciendo funciones notariales y así ganar.

En octubre de 2023 la Policía tomó el control de la Corte Suprema y varios altos funcionarios fueron destituidos. Desde entonces, ocho magistrados y magistradas renunciaron o fueron obligados a dejar sus cargos, y más de un millar de funcionarios judiciales han sido despedidos.

La reforma constitucional de 2025 culminó ese proceso: despojó al Poder Judicial de su condición de poder independiente del Estado, redefiniéndolo como “un órgano que coordina la Presidencia”, poder que ejercen a dúo Daniel Ortega, en el cargo desde hace 20 años, y su esposa Rosario Murillo.

El jurista húngaro Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos de la ONU, opinó que “esta depuración silenciosa de la profesión jurídica es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua: primero fueron los jueces; ahora son los abogados y las abogadas”.

“Las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser privado de ejercer la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente. En este caso no hubo audiencia, ni órgano independiente; solo una tecla de borrar”, dijo Brody.

Entre las víctimas de la arremetida contra los letrados figuran exmagistrados y abogados en el exilio, así como antiguos miembros del partido gobernante sandinista y otras personas sin una afiliación política claramente identificable.

Desde 2018, los abogados en Nicaragua “han sido objeto de amenazas, hostigamiento, detenciones y exilio. Se les ha negado sistemáticamente el acceso a sus clientes y ahora se les priva del ejercicio mismo de su profesión”, dijo Ariela Peralta, experta uruguaya en derechos humanos que también integra el Grupo.

Los expertos insistieron en que la exclusión arbitraria de abogados y notarios de los registros oficiales “tiene graves consecuencias para el derecho a un juicio justo y el acceso a la justicia. Puede impedir que las personas obtengan representación legal, realicen trámites jurídicos y ejerzan sus derechos ante los tribunales”.

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