La Comisión Europea ha dado este viernes un toque de atención a España al considerar "limitados" los avances en la lucha contra la corrupción en el país y ha reclamado al gobierno que refuerce las normas para prevenir conflictos de intereses, en su informe anual sobre el Estado de derecho en la Unión Europea.

España tiene un problema con la corrupción. Al menos, esa es la percepción que tiene un 92% de los españoles que consideran que se trata de un problema extendido en el país, según un Eurobarómetro especial publicado este año. Un 53% de los encuestados aseguraron además que les afecta de manera directa. Ambos porcentajes, muy por encima de la media europea.

La Comisión, por su parte, considera que España tiene que hacer más para luchar contra este fenómeno. En su informe anual sobre el Estado de derecho, Bruselas ha valorado positivamente el plan contra la corrupción del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un plan presentado a raíz de los escándalos que afectan a cargos clave del PSOE. Sin embargo, el Ejecutivo ha lamentado que los avances para su puesta en marcha sean "limitados".

Bruselas ha apuntado en particular a las normas sobre conflictos de intereses y las declaraciones de patrimonio de altos cargos. "Pese a la presentación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y de la adopción del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, la aplicación práctica de las normas existentes no ha mejorado", ha advertido la Comisión que pide que se tramiten las leyes.

Por eso el Ejecutivo comunitario ha recomendado a España que impulse estas legislaciones "para robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración". Además, ha reclamado la importancia de velar por la independencia de los organismos supervisores.

Bruselas ha destacado los avances para reducir la duración de las investigaciones y enjuiciamientos en casos de corrupción de alto nivel, al aumentar el personal y gracias a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el Ejecutivo ha identificado "ciertos escollos" y ha recomendado a España en este caso también, que garantice la reforma que permita fortalecer las investigaciones y reducir la demora.

Bruselas sí ha valorado positivamente las reformas en el ámbito judicial, aunque no sin peros. En particular, el Ejecutivo ha destacado los avances para adaptar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero dado que está pendiente aún de aprobarse, la Comisión pide al gobierno que concluya el proceso.

Por otro lado, el informe revela que se han realizado "avances considerables" para reforzar la independencia del fiscal general. El texto hace referencia a la dimisión de Álvaro García Ortiz, aunque sin entrar a valorarla, pero sí destaca el respaldo unánime a su sucesora, Teresa Peramato. Sin embargo, dado que en este caso también está pendiente de aprobar la reforma, Bruselas ha urgido a España a que "persevere en su labor de refuerzo del estatuto del fiscal general del Estado, en particular en lo que respecta a la disociación en el tiempo de su mandato con el del Gobierno".

También ha destacado en su informe la Comisión los esfuerzos para incrementar los recursos de la justicia, con la creación de 700 nuevas plazas para jueces y fiscales. Además, ha apuntado a los avances en la digitalización de la justicia, aunque lamenta una falta de interoperabilidad en los sistemas nacionales y autonómicos.

En su informe, la Comisión Europea ha recogido tanto las quejas de los miembros de la judicatura "ante las declaraciones públicas de políticos en las que se critican resoluciones de los órganos jurisdiccionales" como el hecho de que algunos jueces se expresan públicamente contra políticos. "Según las normas europeas, si bien la crítica de las resoluciones judiciales es un aspecto normal del debate democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del poder judicial o la confianza pública en este", ha advertido Bruselas.

Al mismo tiempo, "todos los organismos estatales (sean del poder legislativo, ejecutivo o judicial) deben regirse por la consigna del respeto mutuo para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza de la ciudadanía en estas". Uno de los aspectos que más críticas ha suscitado en los últimos años ha sido la Ley de Amnistía.

Durante la vista sobre el posible impacto de la amnistía para los intereses financieros de la Unión y la posible violación de la directiva sobre terrorismo, los abogados de la Comisión fueron muy duros al considerar que la ley no respondía al interés general sino a intereses partidistas. Preguntado por la cuestión, el comisario de Justicia Michael McGrath se ha limitado a decir que la Comisión "siempre respeta las sentencias del tribunal" y examinará su contenido.

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