La Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP) hizo un llamado para que la salud mental ocupe un lugar prioritario en la agenda pública nacional y territorial, al considerar que el país cuenta con un marco legal fortalecido, pero enfrenta el reto de convertir las normas en acciones concretas que garanticen atención oportuna, integral y de calidad para la población.

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En un comunicado divulgado en los últimos días, la organización señaló que la salud mental es un derecho humano indispensable para que las personas puedan ejercer plenamente otros derechos como la educación, el trabajo, la participación social, la vida familiar y el acceso efectivo al sistema de salud. Por ello, sostuvo que su protección debe ir más allá del tratamiento de los trastornos mentales e incluir estrategias de promoción del bienestar, prevención de las afectaciones, intervención sobre los determinantes sociales y respuestas continuas, humanizadas y libres de discriminación.

La ACSP fundamentó su llamado en las cifras recientes relacionadas con la salud mental en Colombia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, durante 2024 se notificaron 38.770 casos de intento de suicidio al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. A esto se suma que, según datos preliminares del Ministerio de Salud y Protección Social con corte al 30 de septiembre de 2025, se registraron 2.066 muertes por suicidio, de las cuales el 79 % correspondieron a hombres y el 21 % a mujeres.

La ACSP llamó a fortalecer la prevención del suicidio y la participación ciudadana. Foto:istock

Para la organización, estas cifras reflejan una problemática que trasciende los indicadores epidemiológicos y representa historias de personas, familias y comunidades que requieren acompañamiento y acceso oportuno a servicios especializados.

Además del impacto de estas cifras, la asociación advirtió que persisten el estigma, la discriminación y los prejuicios hacia quienes enfrentan sufrimiento psicológico, trastornos mentales, discapacidad psicosocial o situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.

Según el comunicado, el temor a ser juzgados o excluidos continúa retrasando la búsqueda de ayuda por parte de muchas personas, incrementando el aislamiento y dificultando el acceso a los servicios de salud. Frente a esta situación, la ACSP sostuvo que combatir la estigmatización debe ser una responsabilidad compartida entre el Estado, el sistema de salud, el sector privado, las organizaciones sociales, las instituciones educativas, los medios de comunicación y la sociedad en general.

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La asociación recordó que Colombia ha fortalecido en los últimos años el marco jurídico relacionado con la salud mental. Entre las principales normas mencionó la Ley 1616 de 2013, que estableció la garantía del derecho a la salud mental; la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reafirmó la salud como un derecho fundamental; y las leyes 2460 y 2518 de 2025, mediante las cuales se ampliaron las obligaciones relacionadas con la promoción, la prevención, la atención integral, la participación comunitaria y la articulación intersectorial.

A estas disposiciones se suman el Decreto 729 de 2025, mediante el cual se adoptó la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, y la Resolución 347 de 2026, que estableció lineamientos para prevenir y atender la conducta suicida mediante el denominado "Código Dorado".

Más de 38.700 intentos de suicidio reavivan el llamado a fortalecer la salud mental en Colombia. Foto:Getty Images

Aunque la ACSP participó en los procesos de deliberación pública que dieron origen a este conjunto de normas, advirtió que la sola expedición de leyes no garantiza el ejercicio efectivo del derecho a la salud mental.

La organización afirmó que su implementación requiere reglamentación oportuna, asignación suficiente y transparente de recursos, definición clara de responsabilidades entre las instituciones, fortalecimiento del talento humano, mayor capacidad de respuesta en los territorios y mecanismos verificables de seguimiento y rendición de cuentas.

En ese contexto, destacó que la Ley 2518 de 2025 incorporó obligaciones específicas para reducir las barreras de acceso a la atención. Entre ellas se encuentran la prohibición de trámites administrativos que retrasen injustificadamente la prestación de los servicios, la continuidad de los tratamientos, el fortalecimiento del modelo comunitario y la creación de espacios de participación ciudadana.

No obstante, la asociación sostuvo que estas disposiciones deben ser plenamente conocidas y aplicadas por las EPS, las IPS, las entidades territoriales y los organismos encargados de la inspección, vigilancia y control.

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Otro de los aspectos sobre los cuales hizo énfasis la ACSP fue la calidad de la atención en salud mental. Según la organización, garantizar el acceso a los servicios no es suficiente si estos continúan siendo tardíos, fragmentados o deshumanizados.

El comunicado señala que una atención de calidad debe garantizar oportunidad, accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad, integralidad, respeto por la autonomía, confidencialidad, trato digno y enfoque diferencial.

La asociación también llamó la atención sobre las quejas ciudadanas relacionadas con demoras en la asignación de citas, dificultades para acceder directamente a servicios de psicología, largas permanencias en los servicios de urgencias mientras se consigue atención especializada, interrupciones en los tratamientos y condiciones institucionales que no siempre garantizan privacidad, acompañamiento familiar o ambientes terapéuticos adecuados.

La ACSP instó a acelerar la implementación de la Política Nacional de Salud Mental. Foto:iStock

A juicio de la organización, estas situaciones deben ser investigadas por las autoridades competentes con el propósito de identificar riesgos, corregir fallas y prevenir nuevos daños, sin que ello implique generalizar o estigmatizar a las instituciones o al talento humano en salud.

Asimismo, la ACSP consideró que los procesos de habilitación, auditoría, inspección y vigilancia deben enfocarse no solo en el cumplimiento documental, sino también en evaluar la experiencia de las personas usuarias, la disponibilidad de profesionales, las condiciones físicas de los servicios, la continuidad del cuidado, el uso seguro de medicamentos y el cumplimiento de los enfoques de derechos humanos, género, curso de vida, discapacidad y diversidad étnica y territorial.

La organización también resaltó la importancia de fortalecer la participación ciudadana en la implementación de la Política Nacional de Salud Mental. En ese sentido, indicó que las personas usuarias, las familias, los cuidadores, las organizaciones sociales, las asociaciones científicas y las comunidades académicas deben participar activamente en la planeación, ejecución, evaluación y ajuste de las acciones públicas.

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Entre las acciones prioritarias propuestas, la ACSP pidió al Ministerio de Salud y a las secretarías departamentales publicar balances periódicos sobre el avance en la implementación de las leyes 2460 y 2518 de 2025 y de la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, especificando metas, responsables, indicadores y fuentes de financiación.

También solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud fortalecer la inspección y vigilancia sobre EPS e IPS, verificar las condiciones reales de calidad y humanización de los servicios y hacer públicas las acciones de mejoramiento adoptadas frente a los incumplimientos.

Finalmente, la asociación reiteró que la salud mental no debe entenderse como una debilidad individual ni como un asunto privado, sino como una condición estrechamente relacionada con factores como la pobreza, la desigualdad, las violencias, el desempleo, la discriminación, el desplazamiento, las cargas de cuidado y las posibilidades reales de construir proyectos de vida dignos.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros