15/05/2026 a las 07:24h.

Castilla y León ha hecho frente común contra el planteamiento de la Comisión Europea sobre la futura Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. Una posición que ha sido traslada al Ministerio de Agricultura durante las reuniones del Consejo Consultivo para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial. En plena negociación de la futura PAC, un proceso que se prolongará hasta finales del año 2027, la Junta de Castilla y León, las organizaciones agrarias y otras entidades del sector recogen su postura contraria en una declaración institucional. Más allá de los temas presupuestarios la futura PAC marca también un camino hacia la agricultura más verde y sostenible.

1. Reducción del presupuesto planteado para Castilla y León

Bruselas propone un recorte del 22% en la asignación de la próxima Política Agraria Común en comparación con el anterior presupuesto (2021-2027). En la actualidad, de ese pilar de la PAC, la región recibe 950 millones de euros anuales.

2. Reivindicaciones del campo de la región

Castilla yLeón rechaza la aplicación de criterios de regresividad en las ayudas, al considerar que podrían perjudicar a su modelo agrario, caracterizado por explotaciones de mayor dimensión que la media nacional y europea. Además, se insiste en la necesidad de que existan normas comunes en la Unión Europea que garanticen la igualdad en el acceso a las ayudas directas.

3. Una menor carga burocrática

La propuesta presenta un sistema de gobernanza más sencillo que sustituye la actual 'condicionalidad' por un nuevo modelo de gestión responsable de las explotaciones. Este sistema fija un nivel común de protección ambiental y social en toda la Unión, adaptable a las realidades nacionales y regionales. Los agricultores que reciban pagos directos de la PAC deberán cumplir estándares ambientales, de bienestar animal y de derechos laborales. En cualquier caso, se contempla también que las explotaciones pequeñas y ecológicas estén exentas de buena parte de estas obligaciones, reduciendo la carga administrativa.

4. Prioridades verdes

El documento refuerza sus objetivos medioambientales y climáticos en línea con el Pacto Verde Europeo. Las prioridades obligatorias incluyen la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección del suelo y del agua, la conservación de la biodiversidad, el bienestar y sanidad animal y el impulso a la agricultura ecológica y de bajo impacto

5. Una mayor ambición ambiental

El documento refuerza sus objetivos medioambientales y climáticos en línea con el Pacto Verde Europeo. Las prioridades obligatorias incluyen la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección del suelo y del agua, la conservación de la biodiversidad, el bienestar y sanidad animal y el impulso a la agricultura ecológica y de bajo impacto

6. De compensar costes a incentivar resultados

Uno de los cambios más llamativos es el paso de un modelo basado en la compensación de costes a otro centrado en incentivos. Las Acciones Agroambientales y Climáticas (AAAC) permitirán remunerar directamente los beneficios ambientales generados, sin necesidad de vincular los pagos exclusivamente a pérdidas de ingresos o costes adicionales. Este sistema, alineado con la llamada 'Caja Verde' de la Organización Mundial del Comercio, pretende aumentar la participación de los agricultores y acelerar la transición hacia sistemas más resilientes. Fusionan los actuales eco-regímenes y compromisos agroambientales en un marco unificado. Estas acciones permitirán que se remunere directamente a los agricultores por sus servicios ambientales, no solo compensando costes, sino también recompensando resultados. Una de las innovaciones más destacadas es el 'pago de transición', que podrá alcanzar hasta 200.000 euros por explotación, destinado a apoyar cambios estructurales hacia modelos más sostenibles, como la agricultura ecológica, la regenerativa o la ganadería extensiva.

7. La nueva base común

Dentro de la propuesta, el modelo de gestión responsable de las explotaciones remplazará al actual sistema de condicionalidad con normas más específicas y menos burocráticas.

Los agricultores deberán aplicar prácticas protectoras básicas, pero podrán recibir apoyo financiero directo para costear su aplicación.

De esta manera, como novedas, las prácticas obligatorias podrán financiarse dentro de los programas medioambientales, de modo que el cumplimiento de los requisitos no represente una carga económica excesiva.

8. Innovación

La Comisión Europea mantiene el apoyo a la inversión en explotaciones agrícolas y forestales, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y reducir la huella ambiental. Los proyectos podrán recibir subvenciones de hasta el 75%, y en el caso de los jóvenes agricultores, la cifra podrá alcanzar el 85%. El respaldo a la innovación, digitalización, asesoramiento técnico y cooperación será una herramienta fundamental para acompañar la transición ecológica, asegurando que el conocimiento y la tecnología estén al servicio del cambio sostenible.

9. Impacto y seguimiento presupuestario

La futura PAC contribuirá al objetivo del 43% del gasto total de los Planes Nacionales y Regionales destinado a acciones medioambientales y climáticas. La 'arquitectura verde' mantendrá los logros alcanzados en el periodo 2023-2027, pero con una mejor integración de incentivos y medición de impacto, incluyendo indicadores sobre emisiones de gases de efecto invernadero, calidad del suelo, amoníaco y aire.

10. Negociación

En los próximos días se van a poner en funcionamiento los grupos de trabajo entre el Ministerio y las comunidades autónomas para avanzar en el diseño del plan nacional de la PAC, una vez llegue el acuerdo sobre el Marco Financiero.