Bruselas ha decidido dar un voto de confianza a X, con matices. La Comisión Europea anunció este jueves que da por buenas las medidas presentadas por la red social propiedad de Elon Musk para corregir varias de las infracciones que en diciembre le costaron una multa de 120 millones de euros, la primera sanción firme impuesta bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) desde su entrada en vigor.

"Es un paso en la buena dirección", resumió el portavoz comunitario para la Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, al confirmar que el Ejecutivo comunitario acepta el plan de acción que X presentó para cumplir con sus obligaciones de transparencia.

La compañía dispone ahora de un plazo de seis meses para poner en marcha los cambios comprometidos, que la Comisión seguirá de cerca a través de lo que ha calificado como un "régimen de supervisión reforzada".

Una multa con tres capítulos

Para entender el alcance de lo que ahora se pone en marcha conviene recordar de dónde viene.

La sanción de 120 millones de euros, impuesta el pasado 5 de diciembre, se desglosó en tres partidas: 45 millones por el diseño engañoso de la marca de verificación azul -que dejó de acreditar identidades reales para convertirse en un distintivo de pago-, 35 millones por la falta de transparencia en el repositorio de anuncios de la plataforma, y 40 millones por poner trabas al acceso de los investigadores a los datos públicos de la red social, un derecho que la propia DSA les reconoce.

Fue, según recuerda la nota de la Comisión, la primera decisión de incumplimiento adoptada bajo esta ley, aprobada por la Unión Europea para obligar a las grandes plataformas a combatir los contenidos ilegales, garantizar la transparencia de sus sistemas y ofrecer mecanismos que permitan fiscalizar su impacto social.

El caso se remonta al 18 de diciembre de 2023, cuando la Comisión abrió el primer procedimiento formal bajo la DSA contra una plataforma, y avanzó un paso más en julio de 2024, con la presentación de las conclusiones preliminares de la investigación. X tuvo después un plazo de 90 días hábiles para presentar el plan de acción que ahora ha sido aprobado.

Qué cambia en el repositorio de anuncios

Las medidas que X se compromete a implementar afectan, en primer lugar, a su repositorio publicitario, la base de datos pública en la que las grandes plataformas deben registrar los anuncios que difunden para que investigadores y ciudadanía puedan examinarlos.

Hasta ahora, ese repositorio funcionaba con serias limitaciones: los resultados de las búsquedas no se mostraban en la propia interfaz, sino que había que descargarlos en hojas de cálculo aparte, y el tiempo de respuesta llegaba a los 200 segundos, una demora que dificultaba enormemente su uso práctico.

X se compromete ahora a mostrar los resultados directamente en la interfaz del repositorio, a reducir ese tiempo de respuesta "al mínimo técnicamente alcanzable", a incorporar filtros de búsqueda adicionales -por ejemplo, por contenido del anuncio o criterios de segmentación- y a ofrecer información más completa sobre cada anuncio, incluyendo su contenido íntegro y las direcciones web a las que redirige a los usuarios.

También se habilitará el acceso al repositorio a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API), lo que en la práctica facilitará que terceros puedan analizar los datos de forma automatizada.

Más facilidades para los investigadores

El segundo bloque de compromisos se refiere al acceso de los investigadores a los datos públicos de la plataforma, otra de las obligaciones que la DSA impone a las grandes redes sociales precisamente para que sea posible estudiar de forma independiente fenómenos como la desinformación o los riesgos para los menores.

X se compromete a revisar su proceso de selección de solicitudes para evitar que investigadores que cumplen los requisitos queden excluidos por error, a ofrecer ese acceso de forma gratuita, a reducir de forma significativa los tiempos de tramitación de las solicitudes -evitando, dice el compromiso, "intercambios innecesarios" con los solicitantes- y a modificar sus condiciones de uso para dejar claro que a los investigadores elegibles no les está contractualmente prohibido extraer datos públicos mediante técnicas de scraping, algo que hasta ahora sí figuraba vetado en sus términos de servicio.

La letra pequeña: un plan que el propio órgano consultivo vio insuficiente

El anuncio de Bruselas no es, sin embargo, un cierre del expediente. La propia nota de la Comisión reconoce que el Consejo de Servicios Digitales -el órgano consultivo independiente que asesora al Ejecutivo comunitario en la aplicación de la DSA- emitió un dictamen en el que consideraba el plan de acción de X "globalmente inadecuado" para corregir la infracción.

Ha sido precisamente a partir de esa valoración crítica cuando la Comisión ha tenido que "clarificar los requisitos clave de implementación" antes de dar su visto bueno definitivo.

En la práctica, eso significa que Bruselas aprueba el plan, pero bajo unas condiciones más exigentes que las que X planteó inicialmente, y con el compromiso explícito de prestar especial atención a los puntos que el Consejo consideró peor resueltos.

Los cambios comprometidos, además, no quedan en una simple promesa: deberán someterse a una auditoría externa e independiente, que la propia X deberá encargar y cuyo informe tendrá que remitir a la Comisión en un plazo máximo de seis meses tras la implementación de las medidas.

A partir de ahí, Bruselas hará un seguimiento para comprobar que las recomendaciones de esa auditoría se aplican de forma efectiva.

Un pulso que viene de lejos

El episodio se enmarca en una relación tensa entre Bruselas y la plataforma de Elon Musk, que se remonta a los primeros compases de la investigación.

La sanción de diciembre generó fricción política con Washington: varias voces de la Administración estadounidense, incluido el vicepresidente JD Vance, criticaron la decisión europea antes incluso de que se hiciera pública, acusando a la Unión Europea de atacar a empresas tecnológicas estadounidenses bajo el pretexto de la transparencia.

Bruselas, por su parte, ha insistido en que el criterio aplicado a X es el mismo que rige para cualquier otra plataforma, europea o no, y que la sanción y ahora la aprobación de este plan de acción responden únicamente a cuestiones de transparencia, no a la moderación de contenidos.

Con todo, X no tiene aún el expediente cerrado: la Comisión mantiene abiertas otras dos investigaciones sobre la red social, centradas en cómo gestiona los contenidos ilegales y en el funcionamiento de su algoritmo de recomendación, especialmente en lo relativo a la radicalización y a su papel durante procesos electorales.