Los integrantes del los Comités de Defensa por la República (CDR) procesados por terrorismo, cuya amnistía quedó en suspenso hace más de un año, se sienten "aliviados" tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley, y aseguran que "presionarán" para que se aplique.

"Estoy un poco aliviado, pero falta que la Audiencia Nacional haga lo que tiene que hacer y nos amnistíe. Hasta entonces, tenemos esta espinita", ha asegurado este jueves a los medios Txevi Buïgas, uno de los doce CDR acusados de terrorismo por planificar sabotajes en protesta contra la sentencia del procés, que afrontan penas de hasta 27 años de cárcel.

"Haremos la presión que convenga desde el punto de vista jurídico, mediático y social para que no se dilate ni un día más la aplicación de la amnistía", ha añadido Martí Majoral, portavoz de la organización independentista Alerta Solidària, que representa jurídicamente a nueve de los procesados.

Majoral, quien ha advertido que siguen "desconfiando" de la justicia española, ha avanzado que los abogados prepararán escritos de impulso para agilizar la aplicación de la ley por parte de la Audiencia Nacional, que la dejó en suspenso en septiembre de 2024 al plantear al TJUE las cuestiones prejudiciales resueltas este jueves por el tribunal europeo.

"Primero debemos ver el detalle de la resolución y después exigiremos a la Audiencia Nacional que la aplique y que extinga la responsabilidad penal de los acusados", ha puntualizado a los medios la abogada Eva Pous después de conocer la sentencia junto a varios de los encausados, que se han reunido esta mañana en el Casal La Cruïlla de Barcelona para seguir juntos el pronunciamiento del TJUE.

Pese a considerar que la Audiencia Nacional debería dictar una resolución para aplicar inmediatamente la amnistía, Majoral sostiene que todavía mantienen la "total incertidumbre y sufrimiento" ante la posibilidad de que el tribunal español les haga esperar "meses", por lo que la de hoy es una "celebración contenida".

La espera, según Buïgas, ha sido uno de los aspectos más "duros" del proceso, una forma más de "represión": "Es duro, por mucho que la gente te diga que puedes hacer vida normal, nunca lo es".

"Llevo desde los dieciséis años siendo activista, y ahora hace siete que estoy parado. Me saca de quicio porque no he podido sumarme a las reivindicaciones por la escuela pública, por ejemplo", ha explicado el procesado a los medios.

"Esta sentencia no acaba con la represión, no limpia las cloacas del estado. La operación contra los CDR que se hizo en 2019 podría volver a ser iniciada mañana mismo", ha concluido Majoral en referencia a un proceso que, asegura, tenía como objetivo "intimidar y frenar el independentismo".