Perú puso este miércoles en escena sus irreconciliables diferencias políticas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregó a Kriko Fujimori las credenciales como presidenta, dos semanas antes de asumir formalmente. "Convoco a todas las fuerzas políticas democráticas, gobiernos regionales y locales, sector privado, academia y a cada ciudadano a unirnos con madurez y convicción", dijo Fujimori. El país, añadió, "inicia un nuevo rumbo que debe estar marcado por el progreso y la verdadera inclusión de los peruanos históricamente postergados". Casi al mismo tiempo, Roberto Sánchez, su rival en el segundo turno, derrotado por un escaso margen de diferencia, convocó a una manifestación en el centro de Lima. El motivo no se relaciona directamente con la contienda. Sánchez llamó a sus seguidores a pedir la excarcelación del expresidente Pedro Castillo, destituido a fines de 2022 por un Congreso dominado por el fujimorismo, y cuya detención ha sido calificada de arbitraria por un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fujimori había obtenido en el primer turno el 17% de los votos. Llegó a la segunda instancia electoral en medio de una sociedad profundamente polarizada. Ganó su derecho a gobernar con el 50,13 % de las adhesiones, contra el 49.86 % de su rival de centroizquierda.

La hija del ex autócrata ha defendido a lo largo de su campaña la necesidad de una mano dura contra la delincuencia en las grandes ciudades. La lucha contra el crimen contará con la participación de las Fuerzas Armadas, según ha dejado entrever. La líder de Fuerza Popular se apresta a repetir la fórmula que utilizó su padre, Alberto Fujimori, en la década del noventa, para combatir al grupo armado Sendero Luminoso. Algunos especialistas comenzaron a señalar que el terrorismo de aquellos años no tiene la misma conformación que los elementos delictivos del presente. La militarización de las calles, señala, podría convertirse en un problema político.

Pero esas mismas calles intentan ser ocupadas este miércoles por aquellos que reclaman la libertad de Castillo. A findes de 2022, el exmaestro rural intentó disolver el Congreso, que le era completamente adverso, para llamar a nuevos comicios legislativos. Los congresistas denunciaron un intento de golpe de Estado y lo destituyeron. Fina Boluarte asumió la presidencia provisional y ordenó reprimir las movilizaciones contra el desplazamiento de su antecesor. Decenas de personas murieron en el sur del país. Castillo fue luego juzgado y condenado a 11 años de cárcel. Sánchez llamó a movilizarse "pacíficamente, haciendo uso al derecho constitucional del libre tránsito, nos vamos movilizar".

El excandidato de Juntos por el Perú exigió a las autoridades políticas y judiciales el cumplimiento de los tratados internacionales y que "se establezcan todas las acciones en el marco de la ley" para revisar la sentencia de Castillo. "Cuando corresponde que ha habido una actuación arbitraria, la conducta del Estado peruano ha sido de resarcir".

La duplicidad de acontecimientos en la misma ciudad anuncia para algunos analistas futuros conflictos entre el Gobierno que asume el 28 de julio y la oposición que intentará liderar Sánchez. Pero Fujimori tiene en lo inmediato un problema que excede a sus adversarios políticos: el fenómeno del Niño, que amenaza con estragos. La futura presidenta adelantó que recurrirá a decretos de urgencia, una vez que asuma el poder, para enfrentar la emergencia climática.

Suscríbete para seguir leyendo