El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avala que la central de Almaraz siga funcionando más allá de la fecha prevista. El pleno del regulador ha aprobado este jueves el informe sobre la ampliación de la vida de la planta, con las condiciones de seguridad para que siga operando hasta 2030. El organismo traslada la presión ahora al Gobierno, que tendrá la última palabra para retrasar el cierre de la central y que dispone de sólo dos meses para pronunciarse sobre la petición de las grandes eléctricas propietarias.

Iberdrola, Endesa y Naturgy -que comparten accionariado en la central- presentaron al Gobierno la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028. El Ejecutivo reenvió la solicitud de las grandes eléctricas al CSN como responsable de analizar las exigencias de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para seguir operando. El regulador avala ahora el alargamiento de la vida de la planta con algunas condiciones extra, pero sin obligar a las compañías a grandes inversiones extra para continuar funcionando. El pleno del organismo ha aprobado el informe en su segundo intento, después de que la semana pasada uno de sus miembros pidiera un aplazamiento.

El informe aprobado por el CSN este jueves mantener de los límites y condiciones de la de la autorización vigente, que ya se extendía hasta 2030. Pero los técnicos del regulador han incluido dos excepciones al marco actual (una para matizar el alcance temporal de la renovación y otra para actualizar las revisiones vigentes de los Documentos Oficiales de Explotación) y han solicitado una nueva condición relacionada específicamente con la renovación solicitada (asegurar dotaciones de personal con funciones relacionadas con la seguridad para 2028-2030).

Las compañías eléctricas daban ya por hecho que el CSN no establecería condiciones adicionales de seguridad importante para ampliar el funcionamiento de Almaraz ni les obligaría a ejecutar grandes inversiones extra para continuar tres años más en marcha. Las dueñas de la central anticipaban que el dictamen básicamente confirmaría que la planta ya cumple con todos los requisitos para mantener la operación hasta 2030 (la última revisión periódica de seguridad para Almaraz, ejecutada por el CSN en 2020, ya extiende su vigencia precisamente hasta 2030).

Ahora que Consejo de Seguridad Nuclear ha aprobado su informe, el Ministerio para la Transición Ecológica debe decidir si aprueba o no la ampliación de la prórroga. La respuesta tendrá que ser rápida a riesgo de que se produzca un lío de plazos legales y administrativos por lo apretado de los tiempos de la solicitud de las eléctricas y del cierre programado para el reactor Almaraz I, cuya licencia actual establece que debe dejar de funcionar el 1 de noviembre de 2027 (en el caso de Almaraz II el plazo se extiende al 31 de octubre de 2028).

Plazos apretados para el Gobierno

El embrollo de los tiempos es doble. Por un lado, con carácter general el Gobierno dispone de un plazo de seis meses para resolver procesos administrativos desde la presentación de la solicitud. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica emitió una resolución para suspender el plazo de ejecución, y en principio dispone ahora de poco más de dos meses desde que el CSN le remita su dictamen. No obstante, el Ejecutivo puede volver a congelar los plazos si lo considera necesario y pide más información a las compañías.

Por otro lado, si el Gobierno no formaliza su ‘ok’ a prorrogar la licencia de Almaraz antes de que finalice el próximo mes de octubre, las eléctricas propietarias de Almaraz estarán obligadas a iniciar el proceso de cese del reactor I de Almaraz. El Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) establece que los titulares de las centrales nucleares deben presentar la documentación de cese de explotación definitivo al menos con un año de antelación de que expire la autorización. Y en el caso de Almaraz I tendrían que hacerlo antes del 1 de noviembre.

Así que si el Ejecutivo no se pronuncia antes de ese plazo, se entraría en una fase en que de facto estarían de nuevo en marcha el análisis de la ampliación y también el proceso para preparar el cierre en la fecha actualmente prevista. Las eléctricas enviarían la documentación de cese de explotación al Gobierno, éste al CSN, y el supervisor puede acabar reactivando el expediente de cierre de Almaraz después de haberse pronunciado ya avalando su continuidad.

Las líneas rojas del Gobierno

De momento el Gobierno ha venido insistiendo en que su hoja de ruta sigue pasando por el cierre escalonado de las centrales. "Hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea", advirtió a las eléctricas el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Ejecutivo advierte de manera insistente a las grandes eléctricas de que para estudiar sus peticiones de prolongación de la vida de sus centrales nucleares han de cumplir tres líneas rojas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica (lo que determinará el CSN); que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico; y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores en el recibo de la luz ni para los contribuyentes a través de rebajas de impuestos a las compañías eléctricas.

Las grandes eléctricas intentaron allanar el ‘sí’ del Gobierno a Almaraz retirando su exigencia previa de que se activara una rebaja de impuestos. Iberdrola y Endesa, los principales operadores nucleares españoles, de momento solo han solicitado la prórroga de la autorización de Almaraz, pero reconocen que su objetivo es una ampliación de la vida de todas las centrales y que irán solicitándolo para todas ellas en su momento, revisando el actual calendario de clausuras, que contempla cierres escalonados entre 2027 y 2035 de todos los reactores.

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