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Ministerio de Ambiente declara reservada la información sobre la construcción de la cárcel El Triunfo

Дата публикации: 26-06-2026 18:40:42

La disposición busca declarar asunto de seguridad nacional el instrumento ambiental para el proyecto carcelario a cargo del Ministerio de Defensa. Experto califica la medida de excesiva, además de ilegal.

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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), publicó este viernes 26 de junio la resolución ministerial que declara bajo reserva toda información, documentos y actos administrativos de la cartera y del Ministerio de Defensa relacionados con el proyecto carcelario El Triunfo, en Izabal.

La disposición, firmada el martes 23 de junio por la ministra, Patricia Orantes, basa la decisión en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública, sobre los Límites del derecho de acceso a la Información. Cita el Marn, que se considera la información clasificada por tratarse de asuntos militares de seguridad nacional.

La cartera, que es la encargada de revisar y aprobar las licencias ambientales para cualquier proyecto, también deberá conocer las solicitudes que le plantee el Ministerio de la Defensa, quien es el encargado de la construcción del proyecto, el cual se encuentra detenido por un amparo legal resuelto un día después de la inauguración de la construcción del proyecto.

Información sobre el proyecto de construcción de la cárcel El Triunfo ya había sido declarada bajo reserva en mayo pasado. En esa ocasión se clasificó el convenio de cooperación con el Ministerio de Defensa; la disposición la firmó y publicó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. También se reserva por siete años la información bajo el argumento de que divulgarla podría causar "un serio perjuicio o daño".

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Los criterios que consigna el Marn para declarar la confidencialidad de la información es que la prueba de daño de la información es que “en caso sea proporcionada, se vulneraría la seguridad nacional y lo establecido en la normativa militar vigente, ya que el perjuicio o daño que pueda producirse al liberarse la misma, es mayor que el interés público de conocerla”.

El Ministerio de Ambiente declara la secretividad de todo lo que conste en el Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental, relacionado con el Proyecto de Construcción del Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad El Triunfo, por siete años, contados a partir de este viernes 26 de junio, que se publicó el acuerdo.

Establece, además, que será la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la cartera de Ambiente la responsable de cumplir con la reserva de la información.

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, encabeza el grupo de oficiales militares que participa en las primeras obras de construcción de la cárcel el Triunfo, el 2 de abril del 2026, un día antes de suspenderse los trabajos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Alcances de la medida

El doctor Silvio Gramajo, experto en Acceso a la Información Pública, sobre la disposición, dijo que es una medida, en principio ilegal, porque se está declarando la reserva sobre información que todavía no existe, “lo que contraviene los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas de la Ley de Acceso”.

“Es nefasto que a estas alturas realicen una reserva de esa naturaleza cuando la información no existe aún, eso es lo que se denomina ‘generar bolsones de información, y es contrario al espíritu de la ley y peligroso para la sociedad, porque se abren grandes márgenes de discrecionalidad, opacidad y secrecía”, expuso Gramajo.

El experto explicó que, de acuerdo con la Ley de Acceso, la información sí se puede declarar bajo reserva, pero al cumplir ciertos parámetros, y “sobre información existente, concreta y disponible, pues sobre ella se realiza la prueba de daño”.

“Los bolsones de información prácticamente se convierten en acciones de censura previa y eso es lo más hilarante”, insistió Gramajo.

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Es por seguridad

Rodrigo Rodas, viceministro de Ambiente, consultado a través de la Dirección de Comunicación de la cartera, dijo que la decisión se tomó “debido a la naturaleza de la resolución” y “el avance de los estudios no pueden ser divulgados públicamente, ya que revelar dicha información vulneraría la seguridad del Estado”.

Insistió en que la restricción del acceso al expediente durará siete años.

Sobre la supuesta ilegalidad que podría haber en declarar bajo reserva información que todavía no existe, no respondió.

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