El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre dentro de la causa que lo investiga por la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por acoso sexual y laboral.

La magistrada titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha citado a declarar en calidad de investigado al alcalde de la localidad.

La comparecencia judicial se enmarca dentro de la instrucción penal abierta tras la admisión a trámite de una querella criminal presentada por una exconcejala de su propio equipo de Gobierno. La denuncia atribuye al regidor madrileño presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral y coacciones continuadas en el ámbito del consistorio.

La resolución judicial da luz verde al inicio de las declaraciones procesales, donde el alcalde deberá responder ante la jueza, la Fiscalía y la acusación particular.

El caso penal cobró impulso definitivo después de que las instancias judiciales competentes ratificaran que existían indicios suficientes para iniciar la fase de investigación. La defensa de la denunciante sostiene que el hostigamiento personal y profesional comenzó tras rechazar las insinuaciones de la autoridad municipal.

Crisis en el consistorio

La gravedad de las acusaciones provocó meses atrás una profunda crisis institucional dentro del grupo municipal del Partido Popular en Móstoles.

El conflicto interno se hizo público con la dimisión en bloque de varios cargos de confianza y representantes públicos que decidieron desmarcarse de la gestión del alcalde. Entre las bajas más destacadas se encuentra la de Raúl Gallego Parrondo, exedil de Seguridad, quien entregó su acta en solidaridad con su compañera de partido.

Junto a los representantes políticos, la crisis también afectó al organigrama de comunicación del Ayuntamiento madrileño con la salida de su director, David Zamorano. Ambos nombres figuran en la lista de los cinco testigos clave que han sido citados por la magistrada a petición de la acusación particular.

Sus testimonios ante el tribunal resultarán determinantes para esclarecer el clima laboral del ayuntamiento y la veracidad de las presiones denunciadas por la víctima.

Por su parte, Manuel Bautista ha rechazado tajantemente los hechos y ha defendido su total inocencia desde que se notificó la querella.

A través de varios comunicados, el regidor ha calificado la denuncia como una estrategia de difamación política y ha mostrado su absoluta disposición a colaborar con la justicia. La dirección regional del Partido Popular mantiene por ahora cautela, apelando a la presunción de inocencia antes de tomar medidas orgánicas.

La postura del Gobierno local contrasta con la reacción en bloque de los partidos de la oposición, liderados por el PSOE y Más Madrid. Las formaciones de izquierdas han exigido de forma unánime la dimisión inmediata de Bautista para proteger la dignidad de la institución municipal. Los portavoces de la oposición argumentan que la ciudad no puede seguir gobernada por un cargo público investigado por delitos de tal gravedad en un juzgado de violencia contra la mujer.