El Tribunal Supremo ha rechazado llevar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además, ha suspendido también el real decreto del pasado 14 de abril por el que dicha regularización se puso en marcha.

La Sala Tercera del alto tribunal planteó el pasado 30 de junio a las partes la posibilidad de formular ante el TJUE "una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que, en su caso, podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE". Al respecto, la Abogacía del Estado se opuso a acudir a la Justicia europea, una opción que sí avalaron la Comunidad Valenciana y Aragón, gobiernos que impugnaron la regularización.

El Supremo no considera la medida pertinente

Tras atender las alegaciones, el Tribunal Supremo entiende que no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal. La decisión va acompañada al mismo tiempo de su rechazo a suspender cautelarmente la ejecución del real decreto impugnado, como también habían solicitado la Comunidad Valenciana y Aragón.