La decisión de Almudena Lastra de acudir al Tribunal Supremo va más allá de un simple desacuerdo por un nombramiento. La hasta ahora fiscal superior de la Comunidad de Madrid considera que su no renovación debe ser revisada por la Justicia en un contexto marcado por la crisis interna que ha atravesado el Ministerio Fiscal durante el último año.

Su relevo se produjo después de que adquiriera un papel relevante en el procedimiento judicial contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una circunstancia que llevó a parte de la carrera fiscal a cuestionar los motivos de su sustitución, aunque la Fiscalía General del Estado siempre ha rechazado que existiera cualquier represalia.

Lastra lleva al Supremo su no renovación

Fuentes jurídicas han confirmado que Almudena Lastra ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el anuncio de interposición de un recurso contra el Real Decreto por el que el Gobierno nombró a María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid.

Con este paso, la fiscal pretende que el alto tribunal revise la legalidad del procedimiento que culminó con su relevo al frente de la Fiscalía madrileña, un cargo que desempeñó durante cinco años.

¿Por qué fue tan controvertida su sustitución?

La polémica surgió porque la no renovación se produjo después de que Lastra declarara como testigo en el juicio contra Álvaro García Ortiz. La Asociación de Fiscales interpretó que ambos hechos estaban relacionados, mientras que la Fiscalía General del Estado rechaza esa interpretación.

Durante la investigación, Lastra declaró como testigo y su testimonio fue uno de los elementos valorados por el Tribunal Supremo en la causa por la revelación de datos reservados relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El procedimiento concluyó con la condena de García Ortiz por un delito de revelación de secretos.

Tras conocerse la propuesta para sustituir a Lastra, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, sostuvo que su no renovación no podía desligarse de aquella declaración. La organización defendió que la fiscal había actuado con plena independencia y criticó que fuera apartada de la jefatura pese a contar con una dilatada trayectoria profesional.

La Fiscalía General niega cualquier represalia

La propuesta para nombrar a María Isabel Martín fue realizada el pasado 30 de abril por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien destacó el perfil técnico de la candidata, su experiencia en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y el proyecto presentado para dirigir la Fiscalía Superior de Madrid.

Peramato ha rechazado en varias ocasiones que el relevo respondiera a una represalia contra Lastra. La fiscal general sostiene que los nombramientos de fiscales jefes tienen una duración de cinco años y que su renovación no es automática, por lo que los cambios forman parte del funcionamiento ordinario de la institución.

La Asociación de Fiscales denunció una decisión "injustificada"

La Asociación de Fiscales fue especialmente crítica con la decisión al considerar que Almudena Lastra reunía una trayectoria de más de tres décadas en la carrera fiscal y que su desempeño profesional no había sido cuestionado.

Además, la asociación puso el foco en la diferencia de posiciones en el escalafón entre Lastra y la candidata finalmente elegida, María Isabel Martín, e interpretó el relevo como una decisión vinculada al papel que desempeñó la fiscal en el proceso judicial contra García Ortiz. Esa interpretación, sin embargo, no ha sido respaldada por ninguna resolución judicial y ha sido negada por la Fiscalía General del Estado.

El Supremo tendrá la última palabra

Con la presentación del recurso, será ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la que decida si el procedimiento seguido para el nombramiento de la nueva fiscal superior de Madrid se ajustó a Derecho o si existen motivos para revisar una de las decisiones que más tensión ha generado en el seno del Ministerio Fiscal en los últimos meses.