El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 59,7 millones de euros para reforzar la atención integral en viviendas compartidas destinadas a personas con discapacidad intelectual. El nuevo Acuerdo Marco tendrá una vigencia de cuatro años y permitirá ampliar la capacidad del servicio con 142 nuevas plazas, hasta alcanzar un total de 500.Seguir leyendo....
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 59,7 millones de euros para reforzar la atención integral en viviendas compartidas destinadas a personas con discapacidad intelectual. El nuevo Acuerdo Marco tendrá una vigencia de cuatro años y permitirá ampliar la capacidad del servicio con 142 nuevas plazas, hasta alcanzar un total de 500.
Además del incremento de plazas, el Ejecutivo autonómico aumentará cerca de un 30% la financiación por plaza con el objetivo de mejorar la prestación del servicio.
El contrato incorpora distintas medidas para reforzar la calidad de la atención. Entre ellas figura la dotación de dispositivos tecnológicos, como tablets para los usuarios, la incorporación de la figura del educador social para organizar actividades deportivas y de ocio durante los fines de semana y la puesta en marcha de un programa de vacaciones.
Estas viviendas compartidas están dirigidas a personas con discapacidad intelectual que cuentan con un buen nivel de autonomía personal y social, pero que precisan de este recurso de forma permanente o temporal.
En la misma reunión, el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión superior a los dos millones de euros para mantener, entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, las 29 plazas públicas destinadas a personas con discapacidad intelectual límite y graves trastornos de conducta en un centro residencial con atención diurna situado en Arroyomolinos.
La Comunidad de Madrid dispone actualmente de una red pública de más de 21.000 plazas de atención especializada. De ellas, alrededor de 14.500 están destinadas a la atención integral de personas con discapacidad, mientras que más de 7.100 se dirigen a personas con enfermedad mental grave y duradera.