10/07/2026 a las 14:22h.

La «discriminación» entre comunidades que tienen transferidas las competencias de Justicia y las que dependen del Ministerio es diferencia, al menos en lo que se refiere al trato que reciben los letrados del turno de oficio, o justicia gratuita. Los consejos autonómicos de la Abogacía y de los Procuradores de Castilla y León han alzado este viernes la voz en Burgos para exigir una «reforma urgente» de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, coincidiendo con la próxima conmemoración de su día institucional el 12 de julio.

Castilla y León cuenta actualmente con unos 1.300 abogados adscritos al servicio, lo que supone un descenso cercano al 25 por ciento respecto a años anteriores. En el caso de Burgos, la cifra se sitúa en 207 profesionales.

Los representantes de ambos colectivos han advertido del «maltrato institucional» que sufren los profesionales del turno de oficio en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia, lo que está provocando una alarmante pérdida de efectivos que roza el 25% en la comunidad. Así lo ha descrito el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes.

Santocildes ha subrayado que la ley, que data de 1996, ha quedado completamente desfasada frente a la realidad social y jurídica del siglo XXI. «No se puede hablar de eficiencia en el servicio público de Justicia si esta no se traduce en dignidad para los profesionales que defienden a los ciudadanos ante los tribunales», ha aseverado, reclamando una actualización normativa que garantice una «remuneración justa».

Por su parte, la decana del Colegio de de Burgos y secretaria del Consejo autonómico, Mónica Pérez Villegas, ha subrayado que la «falta de motivación y las condiciones actuales» han pasado factura a las listas del turno de oficio. Ha apuntado que quien se inscribe en el turno de oficio lo hace por una vocación de servicio público, pero que la situación actual resulta insostenible.

Villegas ha enfatizado que es «inadmisible» que un abogado del País Vasco tengan cubiertas unas actuaciones judiciales y cuenten con mejores asignaciones que los del territorio Ministerio«, ha denunciado Villegas, insistiendo en que la justicia debe ser igual para todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.

El presidente del Consejo autonómico ha alertado de que la situación empieza a ser «preocupante» en determinados partidos judiciales periféricos que se están quedando sin efectivos, citando como ejemplo la zona leonesa de Villablino. Ante este escenario, Rodríguez Santocildes ha advertido de que, si no se puede garantizar el servicio con un mínimo de eficacia, los colegios profesionales podrían verse obligados a decretar la adscripción obligatoria de todos los colegiados, una medida que actualmente es voluntaria gracias a que el servicio se encuentra cubierto

La decana de los Procuradores de Burgos y secretaria del Consejo Regional, Pilar Olaya ha calificado de «discriminación» la diferencia de baremos económicos. Ha recordado que el mantenimiento del servicio genera costes fijos a los profesionales —como seguros de responsabilidad civil, despachos e impuestos— que a menudo tienen que costear de su propio bolsillo, especialmente en una autonomía marcada por la dispersión geográfica donde los desplazamientos a juzgados o centros de detención no son remunerados.