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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl Ministerio de Sanidad estudiará si es legal que el Ayuntamiento de Madrid informe a las mujeres que interrumpen su embarazo de un falso "síndrome post aborto"
El PP de Madrid aprueba una propuesta de Vox para obligar a informar a las mujeres sobre un supuesto “síndrome post aborto”
Las interrupciones voluntarias del embarazo siguen siendo anecdóticas en la sanidad pública dos años después de la entrada en vigor de la nueva del aborto, que precisamente mandataba que se llevaran a cabo de manera prioritaria en el Sistema Nacional de Salud. Los datos de 2024 confirman que la ley no ha provocado un cambio de calado: el 78,74% de los abortos se practicaron en clínicas privadas, tres décimas menos que hace un año (81,45%).
La situación es especialmente desigual en cinco comunidades donde menos del 1% de las intervenciones recaen en la pública: Madrid (0,47%), Castilla-La Mancha (0,05%), Murcia (0,93%), Andalucía (0,03%) y Extremadura. En esta última, los centros públicos no asumieron ni un solo aborto el año pasado. Tampoco en Ceuta ni en Melilla. La proporción se mantiene, además, por debajo del 10% en otras cuatro autonomías (Aragón, Asturias, Comunitat Valenciana y Euskadi).
“Desgraciadamente, sabemos que muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte y el Ministerio va a seguir siendo contundente a la hora de exigir planes claros”, ha advertido la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa donde ha dado a conocer las cifras.
Cantabria es la comunidad que mejor cumple la prioridad de la sanidad pública en estos procesos con un 88,49% de los abortos asumidos por los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Le sigue Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%), Navarra (74,82%), Baleares (61,30%) y Catalunya (55,67%).
La intención de la reforma era inaugurar un cambio de paradigma en España en lo referente a la prestación. Hay comunidades que durante los últimos años no han notificado ningún aborto en la red pública y eso ha provocado que miles de mujeres tuvieran que viajar fuera de su provincia para someterse a la intervención porque en su área no existen clínicas privadas con las que concertar el servicio y los hospitales se niegan a asumir la práctica. Concretamente, la norma establece en su artículo 19 que las intervenciones se lleven a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado.
A lo largo de 2024 se registraron 106.172 interrupciones dentro de los supuestos establecidos en la ley, lo que supone un incremento de 3.075 casos respecto al año anterior. 12,36 de cada 1.000 mujeres solicitaron interrumpir su embarazo. En casi el 95% de los abortos, el motivo respondió a la decisión voluntaria de las mujeres y tres de cada cuatro interrupciones del embarazo se llevaron a cabo antes de las ocho semanas. Además, la mayoría no habían tenido abortos previos (67,6) y casi un tercio convivía con una pareja.
También hubo un 2,65% que se realizaron por grave riesgo para la vida o salud de la gestante, el 2,44% por riesgo de graves anomalías fetales, y el 0,28% por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave.
Sanidad destaca, entre los datos del informe, que casi la mitad de las mujeres (49,1%) no empleaban métodos anticonceptivos, un porcentaje que ha subido tres puntos en un año. “Esto nos alerta de que no basta con garantizar el derecho al aborto sino intensificar la salud sexual. Tenemos que mejorar acceso anticonceptivos y eliminar barreras económicas y territoriales sobre todo en las más jóvenes”, ha dicho García.
El falso “síndrome post aborto”
Tras dar a conocer las cifras, la ministra ha avanzado que estudiará las “consecuencias jurídicas” de la propuesta de Vox que aprobó este martes el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP para obligar a los empleados municipales a informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo de un falso “síndrome post aborto”. La iniciativa se ha aprobado en la misma semana que se cumplen 40 años de la primera ley que permitió a las mujeres españolas interrumpir su embarazo en algunos supuestos.
García asegura “que es un síndrome que no existe como diagnóstico clínico” y “pretende relacionar el aborto con un futuro de miedo y apocalipsis de mujeres alcohólicas y drogadictas”. “A todos los profesionales les decimos que no se puede mentir ni instalar bulos en las mujeres, va en contra de la práctica médica. No hay evidencia científica sino violencia camuflada”, ha dicho.
Las interrupciones voluntarias del embarazo siguen siendo anecdóticas en la sanidad pública dos años después de la entrada en vigor de la nueva del aborto, que precisamente mandataba que se llevaran a cabo de manera prioritaria en el Sistema Nacional de Salud. Los datos de 2024 confirman que la ley no ha provocado un cambio de calado: el 78,74% de los abortos se practicaron en clínicas privadas, tres décimas menos que hace un año (81,45%).
La situación es especialmente desigual en cinco comunidades donde menos del 1% de las intervenciones recaen en la pública: Madrid (0,47%), Castilla-La Mancha (0,05%), Murcia (0,93%), Andalucía (0,03%) y Extremadura. En esta última, los centros públicos no asumieron ni un solo aborto el año pasado. Tampoco en Ceuta ni en Melilla. La proporción se mantiene, además, por debajo del 10% en otras cuatro autonomías (Aragón, Asturias, Comunitat Valenciana y Euskadi).
“Desgraciadamente, sabemos que muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte y el Ministerio va a seguir siendo contundente a la hora de exigir planes claros”, ha advertido la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa donde ha dado a conocer las cifras.
Cantabria es la comunidad que mejor cumple la prioridad de la sanidad pública en estos procesos con un 88,49% de los abortos asumidos por los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Le sigue Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%), Navarra (74,82%), Baleares (61,30%) y Catalunya (55,67%).
La intención de la reforma era inaugurar un cambio de paradigma en España en lo referente a la prestación. Hay comunidades que durante los últimos años no han notificado ningún aborto en la red pública y eso ha provocado que miles de mujeres tuvieran que viajar fuera de su provincia para someterse a la intervención porque en su área no existen clínicas privadas con las que concertar el servicio y los hospitales se niegan a asumir la práctica. Concretamente, la norma establece en su artículo 19 que las intervenciones se lleven a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado.
A lo largo de 2024 se registraron 106.172 interrupciones dentro de los supuestos establecidos en la ley, lo que supone un incremento de 3.075 casos respecto al año anterior. 12,36 de cada 1.000 mujeres solicitaron interrumpir su embarazo. En casi el 95% de los abortos, el motivo respondió a la decisión voluntaria de las mujeres y tres de cada cuatro interrupciones del embarazo se llevaron a cabo antes de las ocho semanas. Además, la mayoría no habían tenido abortos previos (67,6) y casi un tercio convivía con una pareja.
También hubo un 2,65% que se realizaron por grave riesgo para la vida o salud de la gestante, el 2,44% por riesgo de graves anomalías fetales, y el 0,28% por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave.
Sanidad destaca, entre los datos del informe, que casi la mitad de las mujeres (49,1%) no empleaban métodos anticonceptivos, un porcentaje que ha subido tres puntos en un año. “Esto nos alerta de que no basta con garantizar el derecho al aborto sino intensificar la salud sexual. Tenemos que mejorar acceso anticonceptivos y eliminar barreras económicas y territoriales sobre todo en las más jóvenes”, ha dicho García.
Tras dar a conocer las cifras, la ministra ha avanzado que estudiará las “consecuencias jurídicas” de la propuesta de Vox que aprobó este martes el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP para obligar a los empleados municipales a informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo de un falso “síndrome post aborto”. La iniciativa se ha aprobado en la misma semana que se cumplen 40 años de la primera ley que permitió a las mujeres españolas interrumpir su embarazo en algunos supuestos.
García asegura “que es un síndrome que no existe como diagnóstico clínico” y “pretende relacionar el aborto con un futuro de miedo y apocalipsis de mujeres alcohólicas y drogadictas”. “A todos los profesionales les decimos que no se puede mentir ni instalar bulos en las mujeres, va en contra de la práctica médica. No hay evidencia científica sino violencia camuflada”, ha dicho.