La operadora lanza una OPVS de hasta 330 millones de euros para financiar su despliegue de red y no contempla repartir dividendo antes de 2030.
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Digi Spain Telecom, filial española del grupo rumano de telecomunicaciones, comenzará a cotizar en la Bolsa española el próximo 16 de julio.
Tras recibir este jueves la aprobación de su folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha fijado en 5,60 euros por acción el precio de su oferta pública inicial de suscripción y venta (OPVS), lo que le otorga una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros tras la pertinente ampliación de capital.
La operación arrancará con un tamaño inicial de unos 287 millones de euros, correspondientes a 51,3 millones de acciones. Esta cifra resulta de combinar un tramo primario de aproximadamente 150 millones de euros (26,8 millones de títulos de nueva emisión) y un tramo secundario de 137 millones de euros (24,5 millones de acciones ya existentes), que serán puestas a la venta por su accionista único, Digi Romania.
Adicionalmente, la matriz concederá a Barclays una opción de sobreadjudicación (greenshoe) de hasta 7,69 millones de acciones adicionales, equivalente al 15% de la oferta inicial, que podrá ejercerse en los 30 días posteriores al estreno.
De ejecutarse en su totalidad, el tamaño máximo de la operación alcanzaría los 330 millones de euros (casi 60 millones de títulos). Tras la salida al mercado, el grupo encabezado por Digi Communications mantendrá el control de la operadora al conservar al menos el 75% del capital (aproximadamente un 80% si no se ejecuta la sobreadjudicación).
La OPVS, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, cuenta con el compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, el brazo inversor de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que inyectará 100 millones de euros actuando como inversor ancla.
El periodo para sondear a los inversores (bookbuilding) se desarrollará entre el 10 y el 14 de julio, de cara a realizar las adjudicaciones el día 15.
Las acciones iniciarán su negociación efectiva el jueves 16 de julio bajo el código DIGIS en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), con la liquidación prevista para el viernes 17.
De los ingresos obtenidos en la oferta primaria, la filial española destinará entre 134 y 136 millones de euros netos a financiar sus iniciativas de crecimiento y posibles inversiones estratégicas.
El objetivo es ampliar su huella de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) mediante la denominada Smart Footprint y avanzar en el despliegue de su red móvil, ya sea mediante infraestructura propia o acuerdos de compartición (RAN sharing), manteniendo siempre un nivel de endeudamiento prudente.
Según ha señalado el consejero delegado de Digi Spain, Marius Varzaru, salir a bolsa es el "paso natural" para la firma y proporciona "más margen para seguir invirtiendo en fibra y en red móvil, sin cambiar la forma de trabajar que mantenemos aquí desde 2008".
El folleto de la operación especifica que la compañía no prevé distribuir dividendos antes de 2030, priorizando el crecimiento del negocio y su plan estratégico.
A partir de esa fecha, cualquier retribución dependerá de los resultados, la generación de caja y las necesidades de financiación, además de estar condicionada a restricciones legales como la obligación de mantener una reserva legal del 20% del capital social (umbral que la compañía ajustará tras la ampliación de capital de este año).
Tras el toque de campana, el consejo de administración estará presidido por Serghei Bulgac (dominical) y contará con Marius Varzaru como vicepresidente ejecutivo.
Completarán el órgano Catalin Neagoe (ejecutivo), Mariana Mihaela Toroman (dominical) y los independientes Carlos Robles García y Virginia Arce Peralta.
Tanto Digi Spain como la matriz rumana se han comprometido a no vender más acciones (lock-up) durante 180 días, un periodo de bloqueo que se amplía a 360 días para la alta dirección.
Por último, en el apartado de riesgos, la empresa advierte de que su negocio podría verse afectado por la fuerte competencia y las operaciones de consolidación recientes en el mercado español de las telecomunicaciones.
Asimismo, señala riesgos derivados de la volatilidad macroeconómica y geopolítica global, mencionando las tensiones comerciales de EEUU, las posibles restricciones, y el impacto general de conflictos internacionales, aunque puntualiza que no opera en Rusia, Ucrania ni Oriente Próximo.
La colocación cuenta con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores sénior; y BBVA, CaixaBank e ING completando el sindicato asegurador.
Rothschild & Co actúa como asesor financiero independiente, mientras que Uría Menéndez, Weil, Gotshal & Manges, Filip & Company y Linklaters conforman el equipo de asesores legales.