La defensa de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa por la gestión de la dana, ha pedido al la jueza que requiera a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la entrega de todas sus comunicaciones relacionadas con la gestión de la emergencia aquel día.

En un escrito presentado este viernes ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, la defensa argumenta que la reciente incorporación a la causa de las conversaciones de WhatsApp entre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la delegada del Gobierno "ha permitido constatar, de manera indiciaria y objetiva, la existencia de un flujo constante de comunicación" entre esta última y Miguel Polo "durante las horas críticas de la gestión de la emergencia".

La defensa recurre al principio de igualdad de armas para justificar la petición y recuerda que a lo largo de la instrucción el juzgado ha ido incorporando comunicaciones mantenidas por personas que ni siquiera formaban parte del Cecopi, "bajo el acertado criterio de reconstruir con precisión el contexto de los hechos". Por ello, sostiene el escrito, resulta "de un interés exponencialmente mayor" recabar los mensajes de "dos responsables públicos que ostentaban un papel institucional y decisorio de primer orden en la jornada de los hechos".

El escrito precisa que el objetivo de la diligencia es determinar "qué información concreta circulaba entre las distintas Administraciones e instituciones en cada franja horaria" y "cuál era el conocimiento real, efectivo y cronológico existente sobre la evolución de la situación de riesgo". De forma especialmente relevante, la defensa reclama los datos y advertencias disponibles sobre "la evolución del caudal en el Barranco del Poyo".

La defensa insiste en que no se trata de "una medida invasiva o restrictiva de derechos", sino de un requerimiento para la "aportación voluntaria" de las conversaciones, circunscrito exclusivamente a la jornada del 29 de octubre y limitado a aquellas comunicaciones vinculadas con la gestión de la emergencia, ya fueran cruzadas entre ambos responsables o con cualquier otro cargo de cualquier Administración u organismo público.

Por su parte, la jueza ha acordado citar en calidad de testigo para el próximo 20 de julio al chófer adscrito aquel día a Pradas. Atiende así la petición de varias acusaciones, entre ellas la del PSPV, que había solicitado la comparecencia del conductor de Pradas al considerar que las personas que acompañaron a la exconsellera en sus trayectos el día de la dana han declarado en la causa "con evasivas respecto de las conversaciones mantenidas con la misma en el coche, teniendo grandes lagunas".

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