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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl Ejecutivo de Pradales confía en desbloquear algunos acuerdos antes de las vacaciones, pero lamenta que el Estado esté ahora en modo "no, no y no"El Gobierno vasco asume que el traspaso completo de la Seguridad Social tampoco llegará este verano
El Ejecutivo vasco ha dado ya por descartada la transferencia de la gestión de las pensiones, más de 13.000 millones de euros, de cara a la reunión bilateral que previsiblemente mantendrán antes del parón vacacional el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como adelantó este periódico. En todo caso, en los puntos relacionados con la Seguridad Social que sí están en negociaciones, como las prestaciones familiares contributivas, las incapacidades temporales o la gestión de las mutuas, el Gobierno autonómico siente que tiene en frente un “frontón”.
La consejera María Ubarretxena, que es a la vez portavoz del Gobierno y la responsable de Autogobierno, ha confiado en que en las “semanas” que quedan hasta esa cumbre -que aún no tiene fecha- se puedan cerrar acuerdos, pero ha añadido que las reuniones de la pasada semana en Madrid no fueron como esperaba la parte vasca. “No, no y no”, fue la respuesta que, según ha descrito, le ofrecieron sus interlocutores del Gobierno central.
“Las últimas reuniones no han ido bien. Como dice el lehendakari, nos hemos encontrado con un frontón. Pedimos al Estado que pase a fase de negociación, que no diga a todo que no. Todavía quedan semanas. Estamos acostumbrados a trabajar contra el reloj. No vamos a tirar la toalla. A trabajo no nos va a ganar nadie”, ha señalado a los periodistas Ubarretxena.
El Estatuto de 1979 prevé que Euskadi gestione el régimen económico de la Seguridad Social, lo que incluye el pago de las pensiones, aunque no la regulación de sus cuantías o que se rompa el sistema único de solidaridad interterritorial e intergeneracional. El PNV apoyó en 2023 la última investidura de Pedro Sánchez a cambio de que a finales de 2025 se completaran todas las materias estatutarias pendientes.
Ese plazo se sobrepasó sin tener todos los acuerdos listos y la pelota se fue lanzando hacia adelante, primero a Semana Santa y luego de cara al verano. Nada se sabe de cuál podría ser el plazo razonable para cerrar lo relativo a las pensiones. No obstante, Euskadi empezará a asumir ya a partir del 1 de enero de 2027 algunas de las partes de la Seguridad Social ya acordadas, como las prestaciones de paro o la gestión del seguro escolar, de poca relevancia económica pero mucha desde el punto de vista simbólico porque será la primera vez que las funciones de la Tesorería General son cedidas a una comunidad autónoma.
En paralelo, el Gobierno vasco aspira a lograr otros acuerdos tanto competenciales como políticos o económicos. La parte del PNV del Ejecutivo vasco insiste con la competencia de puertos, aunque ya fue cedida en 1982 con la excepción de las grandes infraestructuras, Bilbao y Pasaia. Lo de que han planteado los nacionalistas es retirar la etiqueta de “interés general” al de Gipuzkoa para que pueda ser de titularidad autonómica. En otros ámbitos, Pradales ha pedido una junta de seguridad (sobre todo para el control de las armas blancas) y acuerdos de tipo económico.
El Ejecutivo vasco ha dado ya por descartada la transferencia de la gestión de las pensiones, más de 13.000 millones de euros, de cara a la reunión bilateral que previsiblemente mantendrán antes del parón vacacional el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como adelantó este periódico. En todo caso, en los puntos relacionados con la Seguridad Social que sí están en negociaciones, como las prestaciones familiares contributivas, las incapacidades temporales o la gestión de las mutuas, el Gobierno autonómico siente que tiene en frente un “frontón”.
La consejera María Ubarretxena, que es a la vez portavoz del Gobierno y la responsable de Autogobierno, ha confiado en que en las “semanas” que quedan hasta esa cumbre -que aún no tiene fecha- se puedan cerrar acuerdos, pero ha añadido que las reuniones de la pasada semana en Madrid no fueron como esperaba la parte vasca. “No, no y no”, fue la respuesta que, según ha descrito, le ofrecieron sus interlocutores del Gobierno central.
“Las últimas reuniones no han ido bien. Como dice el lehendakari, nos hemos encontrado con un frontón. Pedimos al Estado que pase a fase de negociación, que no diga a todo que no. Todavía quedan semanas. Estamos acostumbrados a trabajar contra el reloj. No vamos a tirar la toalla. A trabajo no nos va a ganar nadie”, ha señalado a los periodistas Ubarretxena.
El Estatuto de 1979 prevé que Euskadi gestione el régimen económico de la Seguridad Social, lo que incluye el pago de las pensiones, aunque no la regulación de sus cuantías o que se rompa el sistema único de solidaridad interterritorial e intergeneracional. El PNV apoyó en 2023 la última investidura de Pedro Sánchez a cambio de que a finales de 2025 se completaran todas las materias estatutarias pendientes.
Ese plazo se sobrepasó sin tener todos los acuerdos listos y la pelota se fue lanzando hacia adelante, primero a Semana Santa y luego de cara al verano. Nada se sabe de cuál podría ser el plazo razonable para cerrar lo relativo a las pensiones. No obstante, Euskadi empezará a asumir ya a partir del 1 de enero de 2027 algunas de las partes de la Seguridad Social ya acordadas, como las prestaciones de paro o la gestión del seguro escolar, de poca relevancia económica pero mucha desde el punto de vista simbólico porque será la primera vez que las funciones de la Tesorería General son cedidas a una comunidad autónoma.
En paralelo, el Gobierno vasco aspira a lograr otros acuerdos tanto competenciales como políticos o económicos. La parte del PNV del Ejecutivo vasco insiste con la competencia de puertos, aunque ya fue cedida en 1982 con la excepción de las grandes infraestructuras, Bilbao y Pasaia. Lo de que han planteado los nacionalistas es retirar la etiqueta de “interés general” al de Gipuzkoa para que pueda ser de titularidad autonómica. En otros ámbitos, Pradales ha pedido una junta de seguridad (sobre todo para el control de las armas blancas) y acuerdos de tipo económico.