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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl Gobierno de Pradales tiene ya un borrador del articulado de la normativa sobre la diáspora, que fijará también como "obligación" que los centros en el exterior fomenten la participación electoralLos Gobiernos central y vasco acuerdan que la Ertzaintza pueda emitir informes para la expulsión de extranjeros
El Gobierno de Imanol Pradales ultima su ley de regulación de la diáspora vasca, uno de los compromisos de la legislatura. Está ya redactado un borrador del articulado. En su artículo segundo y en pleno debate sobre la denominada 'ley de nietos' española, esta normativa autonómica considera que tienen derecho a formar parte de la “ciudadanía vasca en el exterior” los residentes en el extranjero y las personas que fueron evacuadas en la Guerra Civil, pero también los “descendientes hasta el cuarto grado”, es decir, los hijos, los nietos, los biznietos y los tataranietos.
La memoria jurídica que acompaña al proyecto de ley indica que el texto “introduce una novedad importante” precisamente con este punto. “Integra en el concepto de ciudadanía vasca en el exterior a los descendientes hasta cuarto grado en línea recta de las personas residentes en el extranjero, que conserven la nacionalidad española y hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi”, se explica.
Se abunda que para ser parte de esa “ciudadanía vasca en el exterior”, en ningún caso equiparable a la nacionalidad, algo que solamente puede regular el Estado, se podrá presentar la solicitud “ante un consulado español o en una delegación del Gobierno vasco en el exterior”. Actualmente existen en Madrid, París y Bruselas en Europa y en Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, México DF y Nueva York en América. La red exterior española es mucho más amplia.
“Dado que las delegaciones del Gobierno vasco en el exterior constituyen el órgano de representación de la comunidad autónoma de Euskadi en materia de cooperación al desarrollo, de relaciones con las colectividades vascas y de defensa y promoción de intereses multisectoriales en el ámbito de las competencias que a ésta le corresponden, entendemos que también son competentes para ofrecer ese servicio a la ciudadanía vasca en el exterior y a sus descendientes”, se indica en la memoria que acompaña al articulado sobre el nuevo papel que se les quiere dar a esas oficinas.
Se añade que se desea mantener un guiño a los exiliados porque “la Guerra Civil y la dictadura franquista siguen siendo una época histórica de especial dureza” y con “consecuencias que perduran hasta la actualidad”. En todo caso, la ley busca llegar a un concepto más amplio de diáspora y no sólo a la creada a raíz la emigración de los siglos XVIII, XIX o, como es el caso de la guerra, el XX también.
“Incluye a aquellas personas que se desplazan al extranjero de forma temporal, por motivos de estudios o de trabajo, para vivir una experiencia internacional. La nueva ley quiere prestar una atención especial a este colectivo y, en especial, a las personas jóvenes, cuya movilidad internacional es cada vez más habitual. Tal y como se recoge en la memoria económica, se trata de un nuevo perfil de personas emigrantes vascas, que emigran no necesariamente por una situación adversa, como ocurría en los siglos XVIII y XIX, sino para buscar una experiencia profesional y personal en el exterior”, se argumenta.
¿Qué derechos tendrán esos vascos en el exterior? Según prevé el artículo 6, estas podrán tener acceso a la Sanidad pública durante sus estancias en Euskadi, podrán acudir al Ararteko, la Defensoría del Pueblo, podrán tener “acceso a cursos de aprendizaje de euskera” y podrán “participar en campañas de visitas a Euskadi y búsqueda de orígenes”, entre otros.
El anuncio de la ley lo hizo el lehendakari Pradales durante su estancia, en julio del pasado año, en el Jaialdi que la comunidad vasca hace quinquenalmente en la localidad estadounidense de Boise, en el estado de Idaho. Allí se fijó 2026 como el momento de presentación en traslado al Parlamento y es la misma fecha que aparece en el calendario legislativo. La tramitación está avanzada aunque, como detalle, el texto aún no tiene preámbulo o exposición de motivos. La norma viene a actualizar la ley en vigor de 1994, que según el Ejecutivo “ha servido para compactar a la comunidad vasca en el mundo” pero que precisa de una revisión integral.
El articulado mantiene la estructura de las Euskal Etxeak o centros vascos, como la conocida red NABO, que aglutina a las casas de Estados Unidos, pero también quiere institucionalizar la relación con “otras entidades” e incluso redes virtuales. Se fijará como “obligación” para estas “comunidades” en el extranjero la de “impulsar la participación en los procesos electorales que se desarrollen en la comunidad autónoma de Euskadi de la ciudadanía vasca en el exterior que tengan derecho a sufragio”. El peso del voto del censo CERA es muy pequeño tradicionalmente, aunque ha cambiado algunos escaños, como sucedió en las autonómicas de 2020 y en las generales de 2019. En ambos casos, el recuento exterior favoreció al PP.
El Gobierno de Imanol Pradales ultima su ley de regulación de la diáspora vasca, uno de los compromisos de la legislatura. Está ya redactado un borrador del articulado. En su artículo segundo y en pleno debate sobre la denominada 'ley de nietos' española, esta normativa autonómica considera que tienen derecho a formar parte de la “ciudadanía vasca en el exterior” los residentes en el extranjero y las personas que fueron evacuadas en la Guerra Civil, pero también los “descendientes hasta el cuarto grado”, es decir, los hijos, los nietos, los biznietos y los tataranietos.
La memoria jurídica que acompaña al proyecto de ley indica que el texto “introduce una novedad importante” precisamente con este punto. “Integra en el concepto de ciudadanía vasca en el exterior a los descendientes hasta cuarto grado en línea recta de las personas residentes en el extranjero, que conserven la nacionalidad española y hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi”, se explica.
Se abunda que para ser parte de esa “ciudadanía vasca en el exterior”, en ningún caso equiparable a la nacionalidad, algo que solamente puede regular el Estado, se podrá presentar la solicitud “ante un consulado español o en una delegación del Gobierno vasco en el exterior”. Actualmente existen en Madrid, París y Bruselas en Europa y en Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, México DF y Nueva York en América. La red exterior española es mucho más amplia.
“Dado que las delegaciones del Gobierno vasco en el exterior constituyen el órgano de representación de la comunidad autónoma de Euskadi en materia de cooperación al desarrollo, de relaciones con las colectividades vascas y de defensa y promoción de intereses multisectoriales en el ámbito de las competencias que a ésta le corresponden, entendemos que también son competentes para ofrecer ese servicio a la ciudadanía vasca en el exterior y a sus descendientes”, se indica en la memoria que acompaña al articulado sobre el nuevo papel que se les quiere dar a esas oficinas.
Se añade que se desea mantener un guiño a los exiliados porque “la Guerra Civil y la dictadura franquista siguen siendo una época histórica de especial dureza” y con “consecuencias que perduran hasta la actualidad”. En todo caso, la ley busca llegar a un concepto más amplio de diáspora y no sólo a la creada a raíz la emigración de los siglos XVIII, XIX o, como es el caso de la guerra, el XX también.
“Incluye a aquellas personas que se desplazan al extranjero de forma temporal, por motivos de estudios o de trabajo, para vivir una experiencia internacional. La nueva ley quiere prestar una atención especial a este colectivo y, en especial, a las personas jóvenes, cuya movilidad internacional es cada vez más habitual. Tal y como se recoge en la memoria económica, se trata de un nuevo perfil de personas emigrantes vascas, que emigran no necesariamente por una situación adversa, como ocurría en los siglos XVIII y XIX, sino para buscar una experiencia profesional y personal en el exterior”, se argumenta.
¿Qué derechos tendrán esos vascos en el exterior? Según prevé el artículo 6, estas podrán tener acceso a la Sanidad pública durante sus estancias en Euskadi, podrán acudir al Ararteko, la Defensoría del Pueblo, podrán tener “acceso a cursos de aprendizaje de euskera” y podrán “participar en campañas de visitas a Euskadi y búsqueda de orígenes”, entre otros.
El anuncio de la ley lo hizo el lehendakari Pradales durante su estancia, en julio del pasado año, en el Jaialdi que la comunidad vasca hace quinquenalmente en la localidad estadounidense de Boise, en el estado de Idaho. Allí se fijó 2026 como el momento de presentación en traslado al Parlamento y es la misma fecha que aparece en el calendario legislativo. La tramitación está avanzada aunque, como detalle, el texto aún no tiene preámbulo o exposición de motivos. La norma viene a actualizar la ley en vigor de 1994, que según el Ejecutivo “ha servido para compactar a la comunidad vasca en el mundo” pero que precisa de una revisión integral.
El articulado mantiene la estructura de las Euskal Etxeak o centros vascos, como la conocida red NABO, que aglutina a las casas de Estados Unidos, pero también quiere institucionalizar la relación con “otras entidades” e incluso redes virtuales. Se fijará como “obligación” para estas “comunidades” en el extranjero la de “impulsar la participación en los procesos electorales que se desarrollen en la comunidad autónoma de Euskadi de la ciudadanía vasca en el exterior que tengan derecho a sufragio”. El peso del voto del censo CERA es muy pequeño tradicionalmente, aunque ha cambiado algunos escaños, como sucedió en las autonómicas de 2020 y en las generales de 2019. En ambos casos, el recuento exterior favoreció al PP.