La investigación por la presunta agresión sexual contra una paciente en un quirófano del Hospital Regional de Quiché abrió un debate sobre la protección de personas sedadas, la importancia de denunciar este tipo de hechos y la obligación de las autoridades de investigar el caso.
Una denuncia por una presunta agresión sexual contra una paciente dentro de un quirófano del Hospital Regional de Quiché mantiene bajo investigación a un enfermero señalado por la familia de la afectada. El caso ocurrió en el área de operaciones del centro asistencial, donde, según las autoridades, se activó el protocolo para víctimas de violencia, se notificó al Ministerio Público (MP) y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y se brindó acompañamiento a la paciente.
Aunque la mujer decidió no ratificar la denuncia ante las autoridades, el Hospital Regional de Quiché informó que la investigación administrativa continúa de oficio. Mientras tanto, el trabajador señalado fue trasladado a un área administrativa sin contacto con pacientes, en tanto concluyen las diligencias internas y las investigaciones correspondientes.
Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó la denuncia presentada contra un enfermero del Hospital Regional de Quiché, quien es investigado por una presunta agresión sexual contra una paciente dentro de un quirófano. El caso derivó en un análisis sobre la vulnerabilidad de quienes permanecen bajo anestesia, el temor que enfrentan las víctimas para denunciar y la obligación de las instituciones de garantizar la investigación y protección de sus derechos.
El director del Hospital Regional de Quiché, Rony Mendoza, confirmó durante el noticiero que la denuncia sí fue presentada y explicó que desde el momento en que se conoció el caso se activó la ruta institucional para atender a víctimas de violencia.
El director informó que se activó el protocolo de atención para la paciente y que la investigación administrativa continúa, aunque la denuncia no fue ratificada. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, Guatevisión).
Por su parte, Flavio Ruiz, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Santa Cruz del Quiché, exhortó a la mujer a presentar formalmente la denuncia si los hechos ocurrieron como fueron expuestos.
El auxiliar exhortó a la paciente a denunciar los hechos si ocurrieron, al considerar que hacerlo contribuye a corregir este tipo de situaciones. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, Guatevisión).
Durante Impacto Directo, los expertos señalaron que este caso evidencia la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los pacientes sometidos a procedimientos médicos bajo sedación o anestesia.
Analistas afirmaron que el miedo, la vergüenza y la intimidación pueden impedir que una víctima ratifique una denuncia por presunta agresión sexual. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, Guatevisión).
Añadieron que precisamente por esa condición es necesario fortalecer los controles dentro de los hospitales públicos y privados.
Los analistas también recordaron que una agresión sexual comprende cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento de una de las partes, desde tocamientos hasta una violación.
Los expertos coincidieron en que el temor puede convertirse en una de las principales razones por las que una víctima decide no continuar con una denuncia.
“Ella tiene miedo, ella posiblemente fue intimidada, ella tiene vergüenza; entonces el Estado le debe dar las medidas necesarias de seguridad y de protección para que las acciones puedan continuar”, señalaron.
Asimismo, enfatizaron que el Ministerio Público mantiene la obligación de investigar el caso, aun cuando la víctima no ratifique la denuncia.
También explicaron que, además de la investigación penal, corresponde desarrollar una investigación administrativa dentro del hospital para establecer posibles responsabilidades y evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, Guatevisión).
Los especialistas advirtieron que quienes presuntamente cometen este tipo de delitos suelen aprovechar la condición de vulnerabilidad de las víctimas.
Finalmente, hicieron un llamado para que las víctimas soliciten acompañamiento institucional durante el proceso.
“Yo sé que tiene miedo, pero que pida acompañamiento con el Ministerio Público, porque también es su obligación dárselo”, concluyeron.
Las autoridades del Hospital Regional de Quiché mantienen abierta la investigación administrativa, mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias correspondientes para establecer si existen responsabilidades penales en el caso.
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