El Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de varios artículos de la 'Ley Trans' valenciana que el PP y Vox cambiaron a través de la ley de Acompañamiento que ambos partidos aprobaron en Les Corts en mayo de 2025.

La resolución considera que se ha acreditado por parte de la Abogacía del Estado, o al menos razonado convincentemente, que el alzamiento de la suspensión "podría deparar perjuicios de imposible o difícil reparación para los intereses de los particulares afectados por la aplicación de los preceptos impugnados".

Lo hace, dice el Constitucional, en la vertiente relativa a la autodeterminación subjetiva y al proceso de toma de decisiones que afectan al menor trans; y en la referente a aspectos relacionados con el desarrollo del derecho a la educación (y el pleno desarrollo de la personalidad de los menores).

En todo caso, la resolución cuenta con el voto particular de cuatro de los doce magistrados que componen el pleno del TC y no comparten la existencia de ese perjuicio de difícil reparación si se aplica la norma.

El Constitucional se pronuncia así después de que el Gobierno central que dirige Pedro Sánchez presentara un recurso de inconstitucionalidad.

Los cambios en la 'Ley Trans' se encuentran recogidos en la ley de Medidas Fiscales de 2025. Aquella que se aprueba junto a la de Presupuestos cada año y que recoge múltiples modificaciones de normativa autonómica.

En mitad de la negociación de las cuentas entre el PP -por aquel entonces todavía liderado por Carlos Mazón- y Vox, este último partido apretó con varias enmiendas de peso ideológico.

Y varias iban dirigidas a cambiar algunos puntos de la 'Ley Trans', un texto aprobado en 2017 por el anterior Gobierno de izquierdas cuando Mónica Oltra se encontraba al frente de la Conselleria de Igualdad.

Los artículos cuestionados

Una de las modificaciones que acabaron introduciendo fue en un artículo relativo a la prohibición de las terapias de conversión. Quedó redactado así: "Se prohíben las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación a la persona trans, destinadas a modificar la identidad o expresión de género de estas personas, siendo posible acogerse a acompañamiento siempre que se opte libre y voluntariamente".

Este "acompañamiento" significó para la oposición abrir la puerta a las terapias de conversión, algo que la Generalitat negó.

Otro de los artículos de nueva redacción establecía que las personas trans menores de edad "tienen derecho a ser escuchadas y a incorporarse progresivamente a los procesos de toma de decisiones siempre bajo el acompañamiento de los tutores legales y su correspondiente autorización o, en su defecto, por la correspondiente autorización judicial".

Y proseguía: "Los padres o, en su defecto, los representantes legales, podrán solicitar el consejo y asesoramiento profesional o ayuda que consideren adecuado, público o privado, y los informes preceptivos, en la búsqueda de las opciones que busquen el verdadero interés del menor".

En cuanto al tratamiento hormonal en menores, la ley indica que para iniciarlo "contarán con el apoyo y acompañamiento de profesionales de la salud mental, infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías".

Dicho tratamiento, agrega, "se producirá bajo la autorización de quienes posean la tutela de la persona menor de edad o por autorización de juez que los sustituya".

En otro apartado modificado, la 'Ley Trans' entra en los programas educativos. "El proyecto educativo de centro no tendrá que abordar de forma específica la identidad de género, la expresión de género, la diversidad sexual y familiar", señala.

"El proyecto educativo será determinado por cada centro, siendo supervisado por el Consejo Escolar, el acompañamiento y opinión de asociaciones de padres de alumnos y, especialmente, en cada caso particular en el que pudiera ocasionarse cualquier controversia o discrepancia, el respeto a la decisión de los padres del menor, todo ello de conformidad con la legislación vigente en la materia", añade.

Afectación a derechos

Todos estos artículos fueron cuestionados por el Gobierno central y son en los que el Constitucional mantiene la suspensión. En su resolución, rechaza los argumentos de la Abogacía del Estado sobre la doctrina sentada en sentencias anteriores de normas ya declaradas inconstitucionales o sobre que afecte a competencias estatales.

Pero sí que atiende otros, como que el perjuicio en la aplicación de esos artículos de la Ley Trans ha de prevalecer sobre la presunción de legitimidad de la norma autonómica y que existe una situación de riesgo de afectación a derechos.