Con Juanma Moreno retirado en los cuarteles de San Telmo diseñando la estructura de su nuevo Gobierno y los perfiles de quien lo acompañarán en su legislatura más difícil, el futuro vicepresidente de la Junta y todavía portavoz de Vox, Manuel Gavira, no deja pasar ninguna oportunidad para explicar su concepto de prioridad nacional, la clave del pacto que ha firmado con el PP en la Junta.

Una prioridad nacional que está azuzando la crispación en el debate político autonómico, y no sólo autonómico, y sobre la que se pronunciaba María Jesús Montero, la secretaria general del PSOE, después de hacer un análisis sosegado de los 150 puntos del acuerdo de Gobierno.

Gavira explicaba que el arraigo, esa expresión que Moreno equipara a la prioridad nacional, “es un criterio más, pero no puede ser es el único”. El objetivo de su partido es cambiar los criterios de baremación que ahora está utilizando al administración andaluza, “el resultado va a ser que las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública protegida va a acabar, y esto no es excluyente, en manos de españoles, que son las personas en peor situación económica y necesitan ayuda prioritariamente”.

Un principio que la secretaria general del PSOE considera “cruel” y peligroso, “abre la puerta a que las personas sean distintas en derechos y deberes dependiendo de su renta, origen, ideología, raza o condición sexual”, aseguraba para detallar que esa prioridad “clasifica a los seres humanos, les pone una etiqueta y dice que no todos somos iguales”.

Montero explicaba este martes que no comprendía por qué el presidente andaluz no había tratado de estirar más la negociación en el tiempo, teniendo más paciencia, “como nosotros en el Gobierno de España”, para tratar de llegar a un acuerdo más ventajoso.

La socialista alertaba de que el pacto del PP con la extrema derecha en Andalucía “introduce en la política española el concepto de que no todos los seres humanos somos iguales y que tenemos diferentes derechos en función de parámetros a definir en leyes, que recuerda al andamiaje del fascismo de épocas anteriores”.

Abascal

El líder de Vox también se pronunciaba al respecto y echaba una mano a Moreno asegurando que su partido no es el ganador del acuerdo: “Hemos logrado cosas importantes, pero no hemos logrado todas las que nos gustaría, ni muchísimo menos”, decía Santiago Abascal.

Y trataba de despejar dudas sobre su mantra político: “No es anticonstitucional, que la Constitución no recoja un término no significa que lo sea”, explicaba antes de hacer hincapié en que “los españoles no pueden ser discriminados en su propia patria”. Para Santiago Abascal, es “un logro” haberlo introducido en los acuerdos regionales con el PP.

El Gobierno de Melilla

El vicepresidente de la ciudad autonóma de Melilla, Miguel Marín (PP), se sumaba a la polémica sobre la prioridad nacional asegurando que no tiene “ninguna duda” de que el protocolo de colaboración que tiene firmado con la Junta de Andalucía en numerosas materias seguirá adelante en esta nueva legislatura pese a la entrada de Vox en la Junta.

A preguntas de los periodistas, el vicepresidente primero del Ejecutivo melillense, Miguel Marín, afirmaba que Juanma Moreno sigue siendo el presidente de Andalucía y la mayoría de las políticas están en manos del PP. Por eso no hay “la más mínima duda” de que ese convenio continuará sus pasos en todas las áreas, incluyendo la relativa a las menores migrantes, además de la económica o en materia de turismo. Hay que tener en cuenta que en virtud de ese convenio, Andalucía acoge a los niños migrantes que se hacinan en Melilla antes que los de Canarias, teniendo en cuenta las limitaciones de la ciudad autónoma.

En este escenario, María Jesús Montero aseguraba que el presidente andaluz no explica el acuerdo “porque es consciente de la barbaridad que ha firmado”.