La portavoz adjunta de Adelante Izquierda Gaditana, Helena Fernández, y el concejal David de la Cruz denuncian, tras visitar nuevamente a las cinco familias de la finca de plaza Viudas, 32 la situación que atraviesan dos de ellas, después de que la Fundación Adolfo Carneiro Cafferata, vinculada al Obispado de Cádiz y Ceuta, les haya comunicado que no renovará sus contratos de alquiler, pese a que ambas familias están al corriente del pago de sus rentas.

Fernández ha mostrado la “más absoluta indignación” ante una decisión que, a su juicio, evidencia que “el Obispado de Cádiz y Ceuta está actuando como un auténtico fondo buitre con vecinos y vecinas vulnerables de nuestra ciudad”. Y es que entre las personas afectadas se encuentran una mujer mayor, otra mujer con un 78% de discapacidad y dos menores de edad.

“La Iglesia no puede predicar solidaridad y justicia social mientras deja en la calle a familias que cumplen con sus obligaciones y que únicamente quieren seguir viviendo en sus hogares. Es absolutamente inadmisible que una institución que disfruta de importantes privilegios fiscales, como la exención del IBI, del Impuesto de Sociedades o de las plusvalías municipales en numerosos supuestos, utilice su patrimonio inmobiliario para expulsar a personas vulnerables de sus viviendas”, ha manifestado la portavoz adjunta.

Por su parte, De la Cruz ha lamentado la falta de transparencia existente sobre el patrimonio inmobiliario del Obispado en Cádiz, señalando que ni siquiera existe un conocimiento público del número de viviendas de las que dispone la institución en la ciudad, mientras adopta decisiones que generan una enorme incertidumbre social.

En este sentido, ha recordado que las familias afectadas no han incumplido sus obligaciones como inquilinas y que la decisión responde exclusivamente a la voluntad de la propiedad de no renovar los contratos, una situación que coloca a estas personas en riesgo de perder su hogar sin que exista una causa relacionada con el impago de los alquileres.

Asimismo, el concejal ha cargado contra la actuación del alcalde de Cádiz, Bruno García, tras la visita que realizó el pasado viernes a la finca. “Lo más grave es que el alcalde acudió a hablar con los vecinos y la única solución que les ofreció fue marcharse a un albergue. Ni les informó de los recursos de Procasa, ni les derivó a los Servicios Sociales municipales, ni asumió el papel que le corresponde como máximo responsable del Ayuntamiento para mediar en este conflicto”, ha criticado.

Para Adelante Izquierda Gaditana, el primer paso que debería dar el alcalde es mantener una reunión con el Obispado de Cádiz y Ceuta para exigir que paralice estos desalojos y deje de comportarse “como un fondo buitre” con familias que llevan años viviendo en la finca y que, además, están pagando puntualmente sus alquileres.

De la Cruz ha recordado además que los propios informes de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento concluyen que, aunque el edificio necesita actuaciones de conservación y mantenimiento, no presenta una situación de peligro que justifique el desalojo de sus residentes. “Estas familias no quieren abandonar sus casas. Quieren seguir viviendo en ellas, como han hecho hasta ahora. El Ayuntamiento debe defender ese derecho frente a quien pretende echarlas”, ha subrayado.

El concejal ha añadido que, si finalmente no fuera posible evitar la pérdida de estas viviendas, el Gobierno municipal tiene la obligación de ofrecer “una alternativa habitacional digna y estable, no enviar a un albergue a una mujer mayor, a una persona con un 78% de discapacidad y a familias con menores de edad”.

“Lo que no puede hacer Bruno García es lavarse las manos. Si su única respuesta es decirles que se vayan a un albergue, está avalando de facto la expulsión de estas familias de sus hogares y posicionándose del lado de quien pretende echarlas, en lugar de defender el derecho a la vivienda de los gaditanos y gaditanas”, ha concluido De la Cruz.

Desde Adelante Izquierda Gaditana exigen tanto al Obispado de Cádiz y Ceuta como al Gobierno municipal que actúen con responsabilidad para evitar que estas familias sean expulsadas de sus viviendas y reclaman una solución inmediata que garantice su permanencia o, en su defecto, una alternativa habitacional digna y adecuada a sus circunstancias personales y familiares.