27/02/2026 a las 08:23h.

El 14 de julio de 2023, un vecino de San Andrés del Rabanedo, ponía en conocimiento del consistorio la situación de un solar colindante a su urbanización. En ese primer mail se informaba de que el terreno cercano a las calles Carbosillo, El Ebro y Párraco Don Gregorio Boñar presentaba mucha vegetación que podía desencadenar un incendio y, sobre todo, un problema de salud por la presencia de ratas.

Ante la falta de respuesta al correo electrónico, la siguiente comunicación pidiendo al Ayuntamiento que actuara de oficio para adecentar el solar en cuestión fue una carta registrada en el consistorio el 18 de septiembre de 2023. A ellas se han sumado otras dos más en junio de 2024 y una última en diciembre de 2025 en la que se acompaña los escritos presentados al Procurador del Común de Castilla y León, y las respuesta de este organismo ante la queja de este vecino.

Queja ante el Procurador del Común

Y es que, el 12 de agosto de 2025, en plena ola de calor y con los incendios devorando gran parte de la provincia, la queja llegó al defensor del pueblo autonómico. La situación del solar seguía siendo la misma que dos años atrás, con mucha vegetación y ratas que aparecían muertas en la urbanización contigua, algunas en la piscina de la misma.

En dos semanas llegó la respuesta. El 26 de agosto se instaba a la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo a cumplir cuatro resoluciones. La primera, que «la Corporación municipal debe velar por el cumplimiento del deber urbanístico de los propietarios de los terrenos y demás bienes inmuebles» para «conservar» los mismos en «condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad». Además, señala que además de las medidas de vigilancia e inspección, el Ayuntamiento puede adoptar «las medidas legalmente previstas para que ese deber» se cumpla.

En la segunda parte de la resolución se insta al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a ejecutar de «forma subsidiaria a costa del propietario del bien si fuera necesario», sobre todo cuando se trata de actuaciones de conservación «que hayan de ser reiteradas año tras año, como por ejemplo, las de desbroce y limpieza de maleza».

«Obligación legal de responder»

La tercera insta al consistorio a tener las dos anteriores en cuenta «a la vista de las circunstancias» en relación «con el solar al que se refiere la queja». Y la cuarta es un recordatorio al Ayuntamiento que tiene la «obligación legal de dar respuesta expresa» a esta y cualquier solicitud o escrito que «presenten los ciudadanos».

Respuesta que el vecino no ha obtenido tras casi tres años de numerosos intentos al igual que el Procurador del Común que, tras el primer envío el 26 de agosto de 2025 y el segundo del 20 de noviembre, además de la carta del vecino adjuntando el informe el 19 de diciembre, tampoco ha recibido respuesta.

Sin respuesta

Motivo por el que el 16 de enero, ya de 2026, el organismo autonómico pone en conocimiento del vecino que «transcurrido un plazo de cuatro meses y pese a haber reiterado en varias ocasiones a la Administración -el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo- la necesidad de conocer su postura» no han obtenido respuesta y se ven obligados a «archivar el presente expediente». En esa comunicación se informa también de que se han vuelto a dirigir hacia el consistorio del alfoz leonés para manifestar su «profundo malestar por la ausencia de contestación» a la resolución y «por la imposibilidad de poder comunicar» la postura del Ayuntamiento.

Esta falta de respuesta hace que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo entre en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común, en el que está ya por 8 casos similares en el segundo semestre de 2025.

«Siguiendo cauces y trámites habituales»

La respuesta desde el consistorio es que «en relación con este asunto, se están siguiendo los cauces y trámites habituales, tal y como se viene haciendo cada año». Desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se informa de que «se va a requerir a todos los propietarios de solares para que procedan a su limpieza antes del inicio de la campaña de riesgo de incendios» primero con un requerimiento formal tras el que se les concede el «plazo legal para que lleven a cabo la limpieza».

«En caso de que, transcurrido dicho plazo», continúan desde el consistorio, «no se haya cumplido con la obligación, el Ayuntamiento actuará de manera subsidiaria conforme a la normativa vigente». Destacan, por último, que «los plazos legales no se determinan desde la Concejalía, sino que vienen establecidos por el procedimiento administrativo correspondiente».