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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASALa decisión del juez Pedraz de citar como investigados por supuestos delitos de prevaricación y de obstrucción a la justicia a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, ha generado una lógica indignación en un cuerpo cuya divisa principal es el honor y la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. En un momento político en que parece que se pueden traspasar todos los límites, no es de recibo que los altos mandos de este cuerpo armado imputados sigan en sus puestos.La mera sospecha, avalada por un juez, de que los altos mandos de la Guardia Civil que deben garantizar la independencia en las investigaciones favorecieran un sistema de obstrucción a la justicia es suficiente para que no permanezcan un minuto más en sus puestos. El respeto a la presunción de inocencia no es incompatible con la asunción de responsabilidades, tanto por quienes han sido llamados a declarar ante el juez como por quienes les nombraron. La estrategia de Sánchez de que la imputación de un responsable público no implique su cese, como ya ocurrió en el caso del Fiscal General del Estado, es expresión de una degradación institucional insoportable. La doctrina de la resistencia del presidente del Gobierno no es más que una forma de atrincheramiento y de instrumentalización de las instituciones del Estado en beneficio propio y de los intereses del partido socialista, lo que provoca una erosión sin precedentes de nuestro sistema democrático.
La decisión del juez Pedraz de citar como investigados por supuestos delitos de prevaricación y de obstrucción a la justicia a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, ha generado una lógica indignación en un cuerpo cuya divisa principal es el honor y la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. En un momento político en que parece que se pueden traspasar todos los límites, no es de recibo que los altos mandos de este cuerpo armado imputados sigan en sus puestos.
La mera sospecha, avalada por un juez, de que los altos mandos de la Guardia Civil que deben garantizar la independencia en las investigaciones favorecieran un sistema de obstrucción a la justicia es suficiente para que no permanezcan un minuto más en sus puestos. El respeto a la presunción de inocencia no es incompatible con la asunción de responsabilidades, tanto por quienes han sido llamados a declarar ante el juez como por quienes les nombraron. La estrategia de Sánchez de que la imputación de un responsable público no implique su cese, como ya ocurrió en el caso del Fiscal General del Estado, es expresión de una degradación institucional insoportable. La doctrina de la resistencia del presidente del Gobierno no es más que una forma de atrincheramiento y de instrumentalización de las instituciones del Estado en beneficio propio y de los intereses del partido socialista, lo que provoca una erosión sin precedentes de nuestro sistema democrático.