Este domingo ha echado a andar el Gobierno de la Junta de Andalucía. Como en los casos de Extremadura, Aragón y Castilla y León el acuerdo que ha permitido el Gobierno de coalición se basa en una serie de compromisos que seguramente serán los mismos si la derecha tiene opciones tras los próximos comicios generales. Entre las medidas acordadas está la rebaja de impuestos, el fomento de la natalidad y la reindustrialización, así como una política de migración basada en la llamada “prioridad nacional”.La “prioridad nacional” es una expresión acuñada por la extrema derecha francesa que quiere dar preferencia a los nacidos en el territorio sobre los extranjeros en el acceso al trabajo, a las ayudas sociales y la vivienda. Como dijo Juanma Moreno durante la campaña, la prioridad nacional (en sentido estricto) es irreal e ilegal, porque vulnera el principio de igualdad. En todo caso, el uso de esa expresión no es neutral porque sugiere la idea de que la concesión de derechos a los migrantes que trabajan y cotizan de forma regular supone un menoscabo para los derechos de los que han nacido en España, algo que no se sostiene en términos económicos ni jurídicos.El PP ha querido superar el problema interpretando la prioridad nacional como una exigencia de arraigo, por ejemplo, un tiempo mínimo de empadronamiento para el acceso a la vivienda social. Pero el encaje en la política social y de vivienda del arraigo no es fácil, porque la jurisprudencia constitucional es contraria a lo que se conoce como “discriminación indirecta”. En todo caso, habrá que estar atentos a que este lenguaje político no se traduzca en considerar a los migrantes como chivos expiatorios.
Este domingo ha echado a andar el Gobierno de la Junta de Andalucía. Como en los casos de Extremadura, Aragón y Castilla y León el acuerdo que ha permitido el Gobierno de coalición se basa en una serie de compromisos que seguramente serán los mismos si la derecha tiene opciones tras los próximos comicios generales. Entre las medidas acordadas está la rebaja de impuestos, el fomento de la natalidad y la reindustrialización, así como una política de migración basada en la llamada “prioridad nacional”.
La “prioridad nacional” es una expresión acuñada por la extrema derecha francesa que quiere dar preferencia a los nacidos en el territorio sobre los extranjeros en el acceso al trabajo, a las ayudas sociales y la vivienda. Como dijo Juanma Moreno durante la campaña, la prioridad nacional (en sentido estricto) es irreal e ilegal, porque vulnera el principio de igualdad. En todo caso, el uso de esa expresión no es neutral porque sugiere la idea de que la concesión de derechos a los migrantes que trabajan y cotizan de forma regular supone un menoscabo para los derechos de los que han nacido en España, algo que no se sostiene en términos económicos ni jurídicos.
El PP ha querido superar el problema interpretando la prioridad nacional como una exigencia de arraigo, por ejemplo, un tiempo mínimo de empadronamiento para el acceso a la vivienda social. Pero el encaje en la política social y de vivienda del arraigo no es fácil, porque la jurisprudencia constitucional es contraria a lo que se conoce como “discriminación indirecta”. En todo caso, habrá que estar atentos a que este lenguaje político no se traduzca en considerar a los migrantes como chivos expiatorios.