El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado este jueves el recurso de casación que Google y su matriz, Alphabet, interpusieron contra una decisión del Tribunal General que ratificó, aunque ligeramente rebajada, una multa récord de más de 4.000 millones de euros por abuso de posición dominante.

El caso se remonta a 2015. La Comisión Europea abrió una investigación y concluyó tres años después que Google había abusado de su posición dominante. En particular, Bruselas apuntó a los "acuerdos de preinstalación" y las condiciones de concesión de licencias. En la práctica, Google solo daba acceso a su Play Store en los dispositivos Android si instalaban previamente su motor de búsqueda y su navegador, Google Chrome.

La otra práctica en cuestión eran los "acuerdos de reparto de ingresos". Los fabricantes que renunciaban a preinstalar en sus dispositivos motores de búsqueda de la competencia recibían a cambio una parte de los ingresos por publicidad de Google. Una práctica que la Comisión consideró también "abusiva".

El ejecutivo comunitario consideró que Google abusaba de su posición dominante, como proveedor también el propio sistema operativo Android. A ojos de Bruselas, se trata de prácticas ilegales. Por eso, impuso una multa a Google de algo más de 4.300 millones de euros, imputando casi 2.000 millones de manera conjunta a Alphabet como matriz.

Google recurrió esa multa ante el Tribunal General, un tribunal de primera instancia, que confirmó en 2022 la infracción, pero anuló parte de la decisión de la Comisión, relativa al reparto de ingresos. Al hacerlo, la justicia europea rebajó ligeramente la sanción que quedó en 4.125 millones de euros para Google, con 1.520 corriendo a cargo de Alphabet en concepto de "responsabilidad solidaria". El gigante tecnológico presentó un recurso de casación también contra esa decisión.

El recurso de Google

Google alegó en su demanda que la Comisión no había logrado establecer un vínculo entre los acuerdos de preinstalación para Android y los supuestos efectos de exclusión de otras aplicaciones. También acusó al tribunal de violar el principio de seguridad jurídica, según la sentencia, negando que las prácticas que denunció el Ejecutivo comunitario fueran anticompetitivas.

Google y Alphabet, en su recurso, denunciaron que el Tribunal General habría violado sus derechos de defensa, la presunción de inocencia y el principio ne ultra petita, al haber ido la sentencia más lejos de lo que se reclamaba. Además, denunciaron que la multa era "desproporcionada e injustificada". La sentencia de la justicia europea, sin embargo, ha confirmado este jueves tanto la infracción como la sanción revisada.

En primer lugar, ha sentenciado que el Tribunal General no yerra a la hora de confirmar que las condiciones de preinstalación suponen un comportamiento anticompetitivo. Además, rechaza que la justicia debiera probar que estas prácticas expulsan del mercado a competidores "igual de eficaces". El Tribunal considera que basta con que estas prácticas puedan restringir la competencia y aumentar las barreras de entrada al mercado.

El Tribunal considera el recurso de apelación "infundado" ya que "ninguno de los motivos alegados en apoyo de la presente apelación ha prosperado". La justicia europea insta así a Google y Alphabet a pagar la multa y a correr con las costas del proceso judicial en las que ha incurrido la Comisión Europea en su defensa.

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