El Gobierno calcula que 1,6 millones de hogares podrán beneficiarse de las nuevas deducciones fiscales al alquiler contempladas en los decretos de vivienda aprobados a principios de octubre. La medida permitirá a los inquilinos descontarse en la declaración de la renta el 10% de las cantidades que destinan a pagar su vivienda habitual, con un ahorro que puede alcanzar los 1.163 euros anuales, una cuantía equivalente aproximadamente a una mensualidad de alquiler. Según las estimaciones del Ministerio de Vivienda a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Cataluña y Madrid concentran más de la mitad de los potenciales beneficiarios, con 448.000 y 368.000 hogares, respectivamente.

Las bonificaciones forman parte del paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado 6 de octubre, después de que el Congreso rechazara los primeros decretos de vivienda apenas cuatro días antes. El nuevo real decreto-ley, actualmente en vigor pero pendiente de convalidación por la Diputación Permanente, incorpora una deducción estatal para los arrendatarios que tengan una base imponible inferior a 33.007 euros anuales. El incentivo no está limitado a los jóvenes ni exige residir en una zona de mercado residencial tensionado, por lo que puede aplicarse en todo el territorio.

La deducción permitirá recuperar el 10% del alquiler abonado durante el año, aunque con límites que dependen de los ingresos del contribuyente. Quienes tengan una base imponible igual o inferior a 23.007 euros podrán aplicarla sobre un máximo de 11.630 euros de alquiler, lo que supone un ahorro fiscal potencial de 1.163 euros. A partir de ese umbral, la cuantía máxima se reduce progresivamente hasta desaparecer cuando la base imponible alcanza los 33.007 euros. Por ejemplo, un inquilino que abone 800 euros mensuales por su vivienda, equivalentes a 9.600 euros anuales, podría llegar a descontarse 960 euros en el IRPF, siempre que cumpla los requisitos.

Fuentes del Ministerio de Vivienda defienden que la medida permitirá a numerosas familias recuperar aproximadamente una mensualidad de alquiler al año, aliviando el esfuerzo económico que soportan los hogares arrendatarios mientras avanzan las políticas destinadas a incrementar la oferta residencial. No obstante, el ahorro dependerá tanto del alquiler pagado como de los ingresos y la situación tributaria de cada contribuyente. Además, no se trata de una subvención directa ni de una reducción del recibo mensual, sino de una deducción fiscal que se hará efectiva a través de la declaración de la renta.

La distribución territorial facilitada por el Ministerio de Vivienda sitúa a Cataluña como la comunidad con más hogares potencialmente beneficiarios, con 448.000, el 28% del total nacional. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 368.000 familias, el 23%. Entre ambas autonomías suman 816.000 hogares, más de la mitad de todos los que podrían acogerse a las nuevas bonificaciones fiscales.

A considerable distancia aparece Andalucía, con 144.000 hogares (9%), seguida de Canarias y la Comunidad Valenciana, con 112.000 beneficiarios cada una (7%). Galicia contabiliza 80.000 hogares (5%), mientras que Baleares y Castilla y León suman 64.000 cada una (4%). Aragón y Castilla-La Mancha alcanzan los 48.000 beneficiarios por comunidad (3%), frente a los 32.000 de Asturias y Murcia (2%). Cierran la clasificación Cantabria, Extremadura y La Rioja, con 16.000 hogares cada una (1%).

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La nueva deducción también tendrá un impacto sobre las cuentas públicas. El Ministerio de Vivienda ha manejado una previsión de al menos 950 millones de euros de menor recaudación, aunque la memoria presupuestaria del primer decreto situaba el coste de la medida en unos 835 millones. Se trata de estimaciones y no de un ahorro fiscal ya materializado por los contribuyentes.

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