La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, quiere dejar el cargo con una subida “apropiada” del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027. El asunto, de hecho, se ha convertido en la obsesión de la política gallega ante de aventurarse en otras tareas, quizás de anchura internacional. La misión está en la agenda del Consejo de Ministros para aprobar en una de sus próximas reuniones de lo que se ha bautizado como “martes sociales” mientras está en funciones.

No está claro si la decisión se producirá antes o después de las elecciones; pero, dado que la formación de un nuevo Gobierno no se producirá hasta casi final de año, entra dentro de lo normal que la decisión se produzca durante este periodo (antes o después de las elecciones) para eliminar la incertidumbre entre los preceptores del salario. En todo caso, el decreto no requiere su paso por la Diputación Permanente del Congreso.

Los sindicatos han pedido un aumento del 7%, lo que supondría elevar hasta 1.307 euros al mes frente a los 1.221 euros actuales. En términos anuales, serían 18.298 euros brutos en 14 pagas. Ahora es de 17.094. Comisiones Obreras y UGT han solicitado también que los salarios suban entre un 4% y un 7%. Como punto de partida para negociar forma parte de lo previsible, aunque cuentan con el frontal rechazo de la patronal, que no ha dicho cuánto admitiría.

Los dos años anteriores las subidas pactadas fueron del 4,4% en 2025 y del 3,1% en 2026 después de que los sindicatos hubieran pedido entre el 5% y el 6% y del 7,5%, respectivamente. En el entorno del Ejecutivo se maneja un porcentaje de alrededor del 5%. El titular de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha señalado, al respecto, que “es importante que el SMI se mantenga en línea con la evolución del salario medio”, al tiempo que explicaba que existe un procedimiento para cuantificarlo de acuerdo a la evolución de la economía y de los precios, entre otros factores, y que hay una comisión de expertos que es la que hará la propuesta.

Díaz ha pedido a sus componentes que su recomendación suponga un acercamiento al 60% del salario medio neto del país como recomienda la Carta Social Europea y que no se pierda poder adquisitivo en el salario mínimo interprofesional.