El Gobierno de Giorgia Meloni ha descubierto que, para apagar un incendio, lo más rápido es pagar. Este jueves ha aprobado un decreto para liberar "inmediatamente" unos 500 millones de euros —sobre todo en créditos fiscales, pero también para abaratar el coste del carburante agrícola— con el que pretende poner fin a varios días de bloqueos de camioneros que han dejado surtidores de gasolina secos, estantes vacíos en supermercados y aeropuertos sin queroseno, sobre todo en el sur del país.

"No se trata de promesas, sino de recursos que ya están llegando al sector. El Ministerio de Transportes ya ha empezado a pagar", ha afirmado la primera ministra en un vídeo, en el que ha anunciado el acuerdo con las asociaciones del transporte. Pero queda por ver si basta. En algunas localidades se ha anunciado ya la desconvocatoria de las huelgas. En otras, las protestas continúan o han nacido en las últimas horas, como la de algunos gremios de pescadores. En Nápoles la protesta no se ha apagado, sino que se ha mudado: ahora está en el puerto.

La chispa ha sido el precio del gasóleo, disparado por la crisis de Ormuz (Irán). Según los datos difundidos por Eurostat, el diésel cuesta en Italia un 40% más que hace un año, con un precio medio de 2,30 euros por litro, un 6% más que en septiembre. Los transportistas, en su mayoría pequeños empresarios del Mezzogiorno, no reclaman gestos sino garantías: que el Estado cubra los sobrecostes.

Sin embargo, el Gobierno italiano ha oscilado entre la mano tendida y el palo. El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, ha llegado a decir que manifestarse es lícito, pero que "bloquear las carreteras para impedir que los productos se distribuyan es un delito". Pero después ha acusado a la protesta de "infiltraciones criminales", lo que ha indignado a muchos transportistas, un gremio además tradicionalmente cercano a la derecha. "Nos sentimos ofendidos por las palabras del ministro Lollobrigida. Somos gente de bien, trabajadores, no criminales", le ha respondido uno, entrevistado por el diario La Repubblica.

De aquí la que parece una cierta desconfianza del sector. Ya el pasado martes, tras reunirse con el ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, las grandes asociaciones del sector invitaron a deponer la movilización. No sirvió de nada. El gremio cuenta con 99.000 pequeñas empresas inscritas en el registro de transportistas, repartidas en decenas de organizaciones autónomas, muchas de las cuales han seguido con los brazos cruzados.

Decenas de camiones bloquean las calles cerca del puerto de Nápoles en protestas por el alza de los combustibles, este jueves. / ELIANO IMPERATO / AFP

Durante la semana, de hecho, la situación precipitó en muy poco tiempo. En su momento más álgido, cientos de camiones parados provocaron kilómetros de colas en las autopistas A1, A2 y A30 en Campania, entorpecieron la circulación en las carreteras estatales 19 y 106 en Basilicata y frenaron las entregas en Puglia y Calabria, incluso de mercancías procedentes de España. Más aún, una veintena de camiones ha llegado a ocupar la plaza principal de Rávena (norte). Y a los camioneros se han sumado agricultores y pescadores, con una concentración en Roma y una protesta anunciada este jueves con un centenar de barcos en el estrecho de Mesina.

Las consecuencias han sido visibles. McDonald’s cerrados en Sicilia, islas en riesgo de quedar aisladas por el corte de las conexiones marítimas y casi una decena de aeropuertos al límite. Y más: vehículos escoltados para que puedan transportar bienes esenciales, algunas universidades que ya han pasado a la enseñanza a distancia e incluso gasolineras sin combustible, incluso en Roma.

Diversos alcaldes del sur han dado la voz de alarma. Gaetano Manfredi, de Nápoles, junto a Vito Leccese, de Bari, han advertido al Gobierno de que sus ciudades están "ya al límite" y en riesgo de parálisis por el paro y los bloqueos. Por su parte, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dispuso este miércoles la escolta nocturna de 500 camiones en Campania para garantizar la carga y descarga.

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Los efectos no se disiparán en poco tiempo. Según Confesercenti, cuatro de cada 10 comercios han tenido problemas de abastecimiento, sobre todo en el sur y de productos frescos. Fruitimprese ha calculado unas pérdidas de 50 millones de euros diarios en el sector hortofrutícola, con más de 40.000 toneladas de kiwi en riesgo de destrucción en plena cosecha. La producción de sémola en Puglia está "parada", ha dicho Enzo Martinelli, presidente de la Asociación de Industriales Molineros de Italia, después de que el efecto dominó alcanzara también a las fábricas de pasta de Campania y Molise.

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