La crisis de la vivienda protagonizó la primera fractura en la, hasta ahora, unidad en el voto que habían demostrado los socios de gobierno autonómico, PP y Vox, en las Cortes de Castilla y León. El Parlamento rechazó así, con los votos contrarios de 'populares', socialistas y Grupo Mixto, la Proposición No de Ley planteada por Vox, que priorizaba a los españoles en el acceso a la vivienda y responsabilizaba a la migración de la crisis habitacional, tras rechazar los de Abascal las enmiendas del PP para matizar una propuesta que fue tildada por la oposición como «simplista, xenófoba y oportunista».

El encargado de defender la PNL de Vox fue el vicepresidente de las Cortes, Carlos Menéndez, que aseguró que la iniciativa «va del fracaso de las políticas de vivienda durante los últimos ocho años» de gobierno socialista en el país, a las que Menéndez responsabilizó de los «precios desorbitados» que tienen como consecuencia «jóvenes que no pueden emanciparse, familias que no llegan a fin de mes y trabajadores que tienen que compartir piso».

En su alocución, y también a través de la PNL, Menéndez culpó a la «política de fronteras abiertas e intervencionista» del Gobierno a la que Vox pretende dar solución con una propuesta disgregada en diez puntos que se articula en «tres conceptos: la prioridad nacional en el acceso a la vivienda, la desregulación para liberalizar suelo y dar seguridad jurídica a los propietarios, y la remigración».

Y es que, según el vicepresidente de las Cortes, «las cuentas no salen», tras la entrada de más de cinco millones de migrantes y la construcción de apenas medio millón de viviendas en los últimos años, por lo que «la solución no es repartir una escasez cada vez mayor, como plantea el Gobierno, sino ampliar la oferta, dar seguridad jurídica y garantizar a los españoles el acceso a una vivienda que puedan pagar».

Sin embargo, desde el PP, y pese a coincidir en seis de los diez puntos planteados en la PNL de Vox, principalmente por el «rechazo a la política de vivienda de Sánchez» al que el procurador 'popular' José Luis Sanz Merino culpó de haber construido menos vivienda pública que nunca, también se trató de enmendar los cuatro primeros puntos de la propuesta de sus socios de gobierno por estar «impregnados de juicios de valor e inseguridad jurídica».

Defendió así que «cualquier vecino de Castilla y León, sea cual sea su nacionalidad, si vive aquí desde hace años y cumple sus requisitos y obligaciones cívicas, objetiva un arraigo a los valores y la sociedad de esta tierra que tendrá que tener los mismos derechos para acceder a una vivienda».

Sin embargo, desde Vox consideraron que los diez puntos de la PNL se ajustan al acuerdo de gobierno autonómico con el PP, y recordó palabras de diferentes dirigentes 'populares', incluido Alberto Núñez Feijóo, que «reconocen el diagnóstico» que, en materia de vivienda y convivencia, incluye la proposición de Vox respecto a la migración, salvo que desde el Partido Popular, matizó, «se queden en las palabras y no lleguen a los hechos«.

Por su parte, los dos grupos de la oposición, Socialista y Mixto, se mostraron contrarios a la PNL de Vox por buscar «un chivo expiatorio» en la migración, desde «la xenofobia y el oportunismo», en vez de afrontar las «competencias exclusivas» en materia de vivienda que tienen las comunidades autónomas.

Así lo reflejó, durante su intervención, la procuradora socialista Ana Isabel Casado, que afeó a los dos grupos que sustentan el Gobierno autonómico que «vengan a pedir a otros que hagan lo que les corresponde a ustedes», y tachó de «simplista» la PNL por ofrecer «un diagnóstico equivocado, con soluciones equivocadas», a un problema que «si fuera consecuencia directa de la migración, Castilla y León tendría los precios más bajos de Europa y los jóvenes no tendrían problema para emanciparse».

«Los precios suben por la escasez de viviendas, la especulación y la falta de parque público», aseguró la procuradora socialista, que no solo criticó la «contradicción» de Vox por plantear, en varios de los puntos de la PNL, medidas incluidas en los dos decretos planteados por el Gobierno en las Cortes y rechazados por Partido Popular y Vox, sino por «enfrentar a personas vulnerables entre sí para ocultar a los verdaderos responsables» de la crisis de la vivienda. Porque «los problemas no se solucionan con criterios de exclusión, sino adjudicando por vulnerabilidad y renta».

En la misma línea, desde el Grupo Mixto, Ángel Ceña, de Soria Ya, planteó la «contradicción absoluta y oxímoron político» de Vox con su PNL por «querer expulsar a los migrantes, porque no les gustan, pero quieren construir más pisos, cuando los que trabajan allí son los migrantes». Además, pidió «dejar de usar la vivienda como arma arrojadiza política».

Por su parte, la procuradora de UPL Rosa María Quintanilla recordó que el problema de la vivienda «no nació ayer y no se va a solucionar buscando falsos culpables», por lo que rechazó la propuesta de Vox por su «oportunismo y xenofobia». «Pretenden convencernos de que el colapso del mercado inmobiliario es culpa de los migrantes», lamentó, antes de cuestionar al partido de Abascal por su «falta de rigor» y por «insultar la inteligencia del ciudadano» con sus postulados, «una cortina de humo para tapar su total incapacidad para desarrollar políticas reales contra los verdaderos culpables, los especuladores».