09/09/2026 a las 11:17h.

El concejal no adscrito, Alberto Marcos, ha registrado un escrito ante la Dirección General de la Función Pública, en el que solicita que se investiguen diversas actuaciones llevadas a cabo por el secretario General en funciones del Ayuntamiento de Aranda, que lleva realizando esas labores municipales desde hace casi dos años. El escrito fue presentado el 31 de agosto de 2026 y solicita la realización de actuaciones previas y, en su caso, la incoación de expediente disciplinario, así como la comprobación del régimen de acumulación de funciones, las autorizaciones existentes, las retribuciones percibidas y el eventual cumplimiento de los límites legales aplicables.

Junto al escrito, según detalla Marcos, se ha aportado documentación «probatoria». En concreto, el edil detalla que el órgano público, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, debe supervisar la labor del funcionario en actuaciones relacionadas con la valoración y modificación de su propio puesto de trabajo, determinadas expresiones dirigidas a representantes municipales, la situación jurídica de las acumulaciones de funciones desempeñadas en otras entidades locales y las retribuciones percibidas por esas funciones. «El objetivo es que los órganos competentes investiguen los hechos, contrasten la documentación aportada y determinen si existe algún tipo de responsabilidad disciplinaria», insiste el concejal arandino.

En esta línea, precisa que uno de los principales asuntos analizados se refiere al procedimiento para determinar el complemento específico del puesto de Oficial Mayor, su puesto inicial. Incide en que el conflicto tiene su origen en un procedimiento judicial que concluyó con un acuerdo homologado por el que el Ayuntamiento se comprometió a iniciar los trámites necesarios para recabar informes y estudios que justificasen la valoración del complemento específico del puesto. Posteriormente, se encargó a una empresa un estudio para realizar dicha valoración. «Entre la documentación figura un correo dirigido a la consultora en el que se plantean criterios concretos para realizar la valoración, comparaciones con otros municipios e incluso la conveniencia de transformar el puesto de Oficial Mayor en Vicesecretario», añade.

El concejal se cuestiona si una persona con «un interés profesional y económico directo en el resultado debía haberse abstenido de intervenir en determinadas actuaciones relacionadas con ese procedimiento». Incluye también un contexto económico, puntualizando que, en conjunto, el puesto tiene presupuestados 76.151,28 euros brutos anuales, lo que equivale a una media aproximada de 6.345,94 euros brutos mensuales. A ello, se añaden 14.886,48 euros de Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento, situando el coste presupuestario total del puesto en 91.037,76 euros anuales. «Estas cifras se incorporan a la documentación para contextualizar el alcance económico de los procedimientos de valoración y modificación de puestos que se han venido tramitando», avanza.

Otro de los bloques incluidos en la documentación se refiere al trato dispensado a distintos representantes de la Corporación. Entre la documentación analizada constan expresiones dirigidas a distintos representantes municipales como «auténtico mentiroso», «inútil» o «mala persona», así como referencias a su «ignorancia», «absoluto desconocimiento», «infundios malintencionados» o «ineptitud». Por ello, solicita que la Administración valore «si este tipo de expresiones y actuaciones son compatibles con los deberes de respeto, corrección y consideración exigibles a los empleados públicos, especialmente en sus relaciones institucionales con representantes democráticamente elegidos».

A mayores, se alude a su acumulación de funciones, ya que el trabajador compatibiliza sus funciones con las de secretario del Ayuntamiento de Quemada, una localidad situada a diez kilómetros de Aranda. Basándose en un informe municipal, recoge que en marzo de 2019 el Ayuntamiento de Quemada solicitó al Ayuntamiento de Aranda de Duero que se informase favorablemente sobre la continuación de la acumulación. «El mismo documento señala que no consta informe favorable de Alcaldía ni de ningún otro órgano del Ayuntamiento de Aranda de Duero, aunque también indica que la competencia para autorizar definitivamente la acumulación correspondía a la Comunidad Autónoma», denuncia Alberto Marcos.

Por este motivo se solicita que se determine si la acumulación contó con «todos los consentimientos y autorizaciones legalmente exigidos, durante qué periodo estuvo vigente y qué cantidades fueron efectivamente percibidas». Asimismo, se requiere la obtención de «certificaciones nominativas y desglosadas de las retribuciones abonadas por estas funciones para comprobar si se respetaron los límites establecidos legalmente». Precisamente, se pide la comprobación del régimen de acumulación de funciones, las autorizaciones existentes, las cantidades percibidas y el límite legal aplicable, así como las funciones desempeñadas para el Ayuntamiento de Quemada y el Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero.

Marcos insiste en que lo que se pretende conocer es «si existió incumplimiento del deber de abstención en actuaciones relacionadas con la valoración y modificación de su propio puesto», además de valorar «si determinadas expresiones y actuaciones hacia representantes municipales pueden tener relevancia disciplinaria». A ello añade la necesidad de comprobar si las acumulaciones de funciones desempeñadas en otras entidades locales contaban con todas las autorizaciones legalmente exigibles y si las cantidades percibidas por esas funciones respetaron los límites establecidos en la normativa.