El juicio por las difamaciones e injurias del denominado caso ‘Bar España vivió este miércoles una de sus jornadas más intensas con la comparecencia de sus principales perjudicados. Figuras del ámbito judicial y político de la Comunitat Valenciana declararon ante la Audiencia Provincial para detallar el "calvario", la "persecución" y el grave "menoscabo reputacional" sufridos durante casi tres décadas a raíz de una elaborada narrativa falsa sobre una inexistente red de pederastia y asesinatos de menores.

La vista estuvo a punto de suspenderse en su inicio por la incomparecencia de la acusada Pilar Baselga, quien debía intervenir por videoconferencia sin haber avisado previamente ni presentar justificante médico. Tras solicitar la Fiscalía su ingreso en prisión provisional, Baselga se conectó una hora más tarde alegando estar indispuesta. El magistrado la apercibió con severidad, advirtiendo a todos los procesados que no dudará en ordenar su inmediata búsqueda y detención si se producen nuevas ausencias no justificadas.

El testimonio más extenso y sobrecogedor de la mañana fue el de Sofía Díaz, actual presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón y una de las principales víctimas directas del bulo. Díaz relató que el origen de la trama se remonta a 1997, tras una supuesta venganza personal del ya fallecido Reinaldo Colás. La magistrada instruyó y acabó archivando la denuncia por abusos formulada por Colás contra la pareja de su exmujer, al constatarse que las menores estaban siendo "manipuladas" por el padre. A partir de esa resolución judicial, Colás comenzó una campaña contra Díaz que se amplificó rápidamente a través de internet.

"Todo empezó cuando un capitán de la Guardia Civil me dijo que unos periodistas investigaban una supuesta red de pederastia con la que se me vinculaba. Yo entonces me reí, y fue la última vez, porque supuso el inicio de un calvario al que me han sometido todos los acusados sentados en el banquillo y muchos más", explicó la jueza.

Díaz denunció cómo la propagación del bulo a través de la red distorsionó por completo su vida privada y laboral. Relató episodios traumáticos, como la difusión de fotografías de la graduación de sus hijos para acusarla falsamente de cometer atrocidades con toga, o el ataque de ansiedad que sufrió en la propia sede judicial tras una manifestación convocada contra su persona con pancartas e insultos.

"A mí me han marcado; mi huella digital está ligada a los peores delitos del Código Penal y, cuando me muera, eso seguirá ahí porque la difusión ha escapado al control de los acusados", lamentó conmovida. "Me han llamado pederasta, asesina y drogadicta; se me ha humillado de todas las formas posibles. Aprendí a ocultarme y a convertirme en una experta en no salir en fotos porque sabía que me buscaban", sentenció.

En la misma sesión matinal prestó declaración la exdirectora del centro de menores Baix Maestrat, quien describió la pegada de carteles por las calles de Benicarló y Vinaròs señalándola como pederasta, un acoso continuado que la llevó finalmente a retirarse de la acusación particular por miedo a represalias.

Durante la sesión vespertina fue el turno del expresident de la Generalitat Francisco Camps, quien declaró por videoconferencia en calidad de testigo y perjudicado. Camps calificó la campaña difamatoria de "pandemia de horror y persecución", asegurando que los autores utilizaron a figuras públicas de relevancia política para dotar de mayor repercusión y alcance mediático a sus invenciones. "Eran delitos gravísimos y brutales, y mi nombre se utilizó deliberadamente para darle mayor difusión a la historia. Se ha hecho el mayor daño social posible. Todo ciudadano tiene derecho al sosiego y esto se ejecutó con saña, porque el difamador cero ya sabía desde el principio que era una historia absurda", aseveró el expolítico.

Durante el interrogatorio, la defensa de uno de los procesados transmitió públicamente el perdón de su representado. Camps aceptó el gesto argumentando que responde a su "construcción moral", si bien remarcó que no piensa retirar las acciones legales ejercidas: "Yo perdono a todo el mundo, pero eso no significa que retire las acciones legales porque el daño ha sido desproporcionado y constituye una auténtica barbarie".

Por su parte, la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, compareció para exponer cómo el bulo afectó gravemente a su credibilidad profesional y política. Oltra explicó al tribunal que tuvo noticia del caso cuando el propio Reinaldo Colás y otros impulsores de la trama solicitaron una entrevista con su departamento. "Mi jefe de gabinete se reunió con ellos y recogió un dosier de unas 200 páginas al que no le vimos ninguna verosimilitud. Pese a ello, lo remitimos a la Fiscalía, algo que incluso excedía a nuestras competencias estrictas. Sin embargo, a partir de ese momento pasamos a convertirmos a sus ojos en encubridores por no hacer exactamente lo que ellos querían", declaró la exvicepresidenta.

Oltra calificó el acoso posterior como un "escarnio público" y un "bombardeo incesante" en redes sociales encaminado a destrozar la imagen pública de las instituciones, señalando que los cabecillas de la red llegaron a exigir directamente indemnizaciones económicas a la administración.

El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, compareció con un estado de salud visiblemente mermado. Aunque Fabra no pudo responder a las preguntas de las partes por serios problemas de memoria, apuntó que la campaña del caso Bar España fue "una de las razones de peso" que propiciaron su retirada de la primera línea política.

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El juicio continuará este jueves con la declaración de la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, entre otras muchas testificales.

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