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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl juez del Supremo carga contra algunas afirmaciones del tribunal de garantías pero reitera que la orden de detención del expresident queda sin efecto a la espera de resolver el fondo del asuntoEl Constitucional activa la cuenta atrás para la vuelta de Puigdemont a las puertas de las elecciones generales
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha confirmado que la orden de detención de Carles Puigdemont queda levantada y puede volver a España sin riesgo de ser detenido, pero lo hace entre críticas al Tribunal Constitucional. El instructor de la causa del procés reprocha la falta de “mesura” del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido y asegura que las decisiones del Tribunal Supremo sobre la amnistía y la malversación no fueron “inadmisibles o imprevisibles”.
El juez de la Sala de lo Penal ya levantó de forma cautelar la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont desde 2017 nada más conocer la decisión del Tribunal Constitucional. La malversación del procés, en contra del criterio del Tribunal Supremo, también debía ser amnistiada, y eso llevaba a la eliminación de esa orden nacional de detención a la espera de que Llarena resolviera el fondo del asunto sobre el delito que todavía se imputa a Puigdemont.
La sentencia incluía una serie de críticas al Tribunal Supremo, sobre todo por no amnistiar la malversación del procés amparándose en argumentos como la afectación de los fondos de la Unión Europea o el enriquecimiento de los políticos catalanes, que al usar medios públicos para organizar el 1-O no tuvieron que poner el dinero de su bolsillo.
Ahora Pablo Llarena reitera que la orden de detención queda anulada pero sale en defensa del Tribunal Supremo, rechaza el recurso de la acusación popular de Vox, y carga contra los argumentos del Constitucional. Su doctrina, dice, debe aplicarse “aunque no se compartan las razones”, y se apoya en el voto particular del sector conservador del tribunal para afirmar que la discrepancia interna “aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura. Los adjetivos no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al Tribunal”.
Según Llarena, el criterio del Supremo y su interpretación de la amnistía estaba “jurídicamente fundada” y no fue “imprevisible o inadmisible”.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha confirmado que la orden de detención de Carles Puigdemont queda levantada y puede volver a España sin riesgo de ser detenido, pero lo hace entre críticas al Tribunal Constitucional. El instructor de la causa del procés reprocha la falta de “mesura” del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido y asegura que las decisiones del Tribunal Supremo sobre la amnistía y la malversación no fueron “inadmisibles o imprevisibles”.
El juez de la Sala de lo Penal ya levantó de forma cautelar la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont desde 2017 nada más conocer la decisión del Tribunal Constitucional. La malversación del procés, en contra del criterio del Tribunal Supremo, también debía ser amnistiada, y eso llevaba a la eliminación de esa orden nacional de detención a la espera de que Llarena resolviera el fondo del asunto sobre el delito que todavía se imputa a Puigdemont.
La sentencia incluía una serie de críticas al Tribunal Supremo, sobre todo por no amnistiar la malversación del procés amparándose en argumentos como la afectación de los fondos de la Unión Europea o el enriquecimiento de los políticos catalanes, que al usar medios públicos para organizar el 1-O no tuvieron que poner el dinero de su bolsillo.
Ahora Pablo Llarena reitera que la orden de detención queda anulada pero sale en defensa del Tribunal Supremo, rechaza el recurso de la acusación popular de Vox, y carga contra los argumentos del Constitucional. Su doctrina, dice, debe aplicarse “aunque no se compartan las razones”, y se apoya en el voto particular del sector conservador del tribunal para afirmar que la discrepancia interna “aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura. Los adjetivos no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al Tribunal”.
Según Llarena, el criterio del Supremo y su interpretación de la amnistía estaba “jurídicamente fundada” y no fue “imprevisible o inadmisible”.