La propuesta establece que los precios del alquiler estarán regulados y no superarán el 85% de los módulos máximos vigentes fijados por la Junta de Andalucía para la vivienda protegida en este régimen. El planteamiento municipal busca atajar la especulación inmobiliaria, contener el encarecimiento de los precios del alquiler y evitar que los inmuebles se destinen al uso turístico.

Según los parámetros señalados por el edil, el proyecto contempla una edificabilidad de 1,5 m² por cada m² de suelo y una altura máxima de tres plantas. La construcción del edificio ocuparía unos 2.500 m², quedando la superficie restante prevista reservada para zonas verdes, equipamientos públicos u otras dotaciones para la zona.

Para la ejecución y posterior explotación de las viviendas, la Delegación de Urbanismo plantea un esquema de colaboración público-privada. Bajo este formato, el Ayuntamiento mantendría la titularidad pública de la parcela, mientras que la edificación y la gestión integral del alquiler (que incluye la administración de los contratos, el cobro de rentas y el mantenimiento) se adjudicarían a una empresa privada a través de una concesión administrativa.

Inicialmente, el modelo prevé contratos de arrendamiento sin opción a compra. El objetivo de este formato es favorecer la rotación de los inquilinos y ofrecer una vía de emancipación a la población joven y local frente al peso de la segunda residencia y la actividad turística en el municipio. La iniciativa se ampara en el marco normativo autonómico fijado por el Decreto-ley 1/2025 y la Ley 5/2025 de Andalucía.

El proyecto de Costa Ballena se enmarca dentro de una serie de desarrollos urbanísticos proyectados en la localidad. Entre ellos se encuentra el plan parcial de Los Quemados (Sector 4), cuyo proyecto de urbanización se halla en fase previa a su aprobación definitiva. En este ámbito, el municipio dispone de suelo para 220 viviendas protegidas, cifra que podría incrementarse hasta las 263 unidades en función de las medidas de la normativa andaluza.

Asimismo, las unidades de ejecución de Las Vaqueras y Los Carneros prevén la edificación de 70 y 7 viviendas protegidas respectivamente, tras el reciente desbloqueo de la gestión urbanística de ambas áreas.