El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció manifestaciones para el lunes 12 de octubre en las cabeceras departamentales del país, a partir de las 7 horas, para plantear una serie de demandas al Gobierno y a los diputados al Congreso, entre ellas medidas para reducir el alto costo de la vida.

La organización informó de las movilizaciones por medio de un comunicado divulgado junto con el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y el Frente Nacional de Lucha (FNL). Según el documento, las protestas se efectuarán en todas las cabeceras departamentales, aunque no se detallan recorridos, puntos de concentración ni la cantidad prevista de participantes.

Entre sus principales peticiones, las organizaciones exigen que el Gobierno y los diputados impulsen medidas para frenar la inflación y reducir el costo de la vida, que, según afirman, afecta a millones de familias.

También proponen establecer una política de regulación de precios basada en estudios que, según el comunicado, permita fijar precios que consideran justos y combatir la especulación.

Las organizaciones cuestionan los subsidios otorgados a empresas transnacionales importadoras de combustibles y fertilizantes agrícolas y plantean que esos recursos se destinen a medidas en beneficio de la población. Además, demandan la construcción de una refinería para la producción nacional de combustibles.

Codeca, el CCDA y el FNL también plantean la nacionalización del servicio de energía eléctrica.  

Otra petición es reducir los salarios de diputados y funcionarios públicos. Las organizaciones proponen que el salario máximo de los funcionarios sea equivalente a cinco salarios mínimos y que los recursos resultantes se utilicen para comprar medicinas y construir laboratorios en hospitales, entre otras medidas.

También exigen a los diputados derogar el Decreto 08-2023, que, según el comunicado, reformó el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada. Asimismo, rechazan la iniciativa de ley 6665 y demandan una ley de aguas basada, según indican, en las propuestas y necesidades de los pueblos y las comunidades.

El pronunciamiento incluye peticiones dirigidas al fiscal general para que investigue a fiscales distritales, jueces y magistrados que las organizaciones vinculan con hechos de corrupción y crimen organizado.

Las organizaciones también responsabilizan al Gobierno por la violencia que, según afirman, generan los desalojos de comunidades y piden que cesen esas acciones y la persecución contra comunidades y organizaciones campesinas e indígenas.

Entre otras demandas, solicitan la renuncia de Walter Mazariegos de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el regreso a clases presenciales. También piden la renuncia de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia.

El comunicado concluye con un llamado a pueblos y comunidades para participar en las manifestaciones y promover lo que las organizaciones denominan un “proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional”.

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