Corría 1975 cuando, en una escena casi valleinclanesca, el párroco Miguel Redorát utilizaba el espacio que le otorgaba su puesto para lanzar ardientes sermones contra la planta nuclear que planeaban construir en Ascó (Tarragona), llegando incluso a prohibir a las autoridades, con el poder omnímodo que le confería su divinidad, participar en las procesiones religiosas del pueblo. Dos años después, en vísperas de las elecciones de 1977, funcionarios del Ministerio de Agricultura crearon el Partido Ecológico Español (PEE) con la intención, nada oportunista, por supuesto, de captar el voto verde.

Incluso se llegó a rumorear que sería el propio Félix Rodríguez de la Fuente quién encabezaría la lista, a lo que él respondió que un partido ecológico le parecía "algo tan desnaturalizado como la existencia de un partido zoológico, de un partido matemático o de un partido de la guitarra". Un año más tarde, en noviembre de 1978, 30.000 ciudadanos tomaron las calles de Barcelona en la "Diada Naturista" donde no hizo falta pancartas porque la imagen de decenas de miles de personas en bicicletas, patinetes y con globos verdes parecía hablar por sí misma.

Qué tienen en común un cura, Félix Rodríguez de la Fuente y la "Diada Naturista" de 1978 en Barcelona podría ser una forma mejorable de empezar un chiste malo, pero en este caso, estas escenas, entre lo esperpéntico y lo emancipador, revelan que gran parte de la lucha ecologista en el Estado español nunca ha sido una cuestión de tertulias académicas y de despachos, sino una pulsión popular, contestataria y territorial.

Durante el tardofranquismo empezó a concebirse la idea de que el progreso y el "desarrollismo" iban ligados a la industrialización descontrolada, la degradación de los espacios naturales y el turismo masivo y agresivo con el medio, en lo que historiadores como Juan Manuel Brito han denominado "colonialidad ambiental". En línea con esta concepción, zonas enteras del país fueron sacrificadas para abastecer a los grandes polos urbanos e industriales de la península. Ejemplo paradigmático de aquellos años resulta el Plan Energético Nacional (PEN) de 1974 que amenazaba con salpicar toda la geografía española con decenas de reactores.

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Sin embargo, la tecnocracia no contaba con el hartazgo social y la fuerza de la comunidad local. Las movilizaciones antinucleares se convirtieron durante la Transición en un gran movimiento social de protesta y también, en una perfecta escuela de democracia asamblearia. Plataformas como la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN), constituida en Soria en mayo de 1977, articularon un tejido heterogéneo donde vecinos, campesinos, obreros y colectivos locales lograron descarrilar docenas de reactores proyectados por el PEN. Otros proyectos hiperfinanciados por la banca para el lucro de las oligarquías eléctricas terminaron paralizados en Escatrón, Chalamera, Regodola o Valdecaballeros.

Cincuenta años después de aquellas movilizaciones, el Estado español asiste a una desertificación galopante que amenaza a tres cuartas partes del suelo, los incendios cada año son recurrentes y la contaminación acuciante. Unas consecuencias que, a su vez, demuestran que el cambio climático también es una cuestión de clase. Frente a ello, las instituciones responden con parches de "modernización ecológica" que pretenden gestionar el desastre mediante soluciones de mercado que no alteren en demasía el dogma del crecimiento ilimitado ni consulten de forma vinculante a la ciudadanía.

Si en la incipiente democracia, los movimientos sociales no perdían el foco de la necesidad de incluir la lucha ecologista, unas décadas después el mensaje que han querido difuminar sigue presente. De hecho, la experiencia de estos años vuelve a reivindicar que la calidad democrática pasa indiscutiblemente por la capacidad de garantizar derechos en términos de sostenibilidad, justicia ambiental, acceso al agua y preservación de bienes comunes. Y por mucho que las democracias liberales representativas se esfuercen, estos cambios serán imposibles de acometer sin una alternativa rupturista. Como demostraron el cura de Ascó, los ciclistas de Barcelona o las asambleas antinucleares, la preservación de la vida es una batalla cotidiana por la soberanía política y la justicia territorial. Sin ella solo nos queda un decorado cartón-piedra.