Cada 31 de octubre, España dedica una jornada al recuerdo y homenaje de todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, tal como establece la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Es una fecha para preguntarnos qué significa realmente recordar y reparar, y para mirar hacia una realidad que sigue invisibilizada dentro de la memoria democrática: la de las madres a las que se arrebató a sus hijos e hijas y que todavía siguen sin respuesta.

A miles de mujeres en España les dijeron, tras dar a luz, que su bebé había muerto, y muchas de ellas murieron sin saber si realmente enterraron a sus hijos e hijas o si estos siguen vivos bajo otra identidad. No las dejaron verlo, ni despedirse, ni enterrarlo. Décadas después, muchas siguen buscando a unos hijos e hijas cuya muerte nunca presenciaron.

Lo que vivieron —en episodios que se prolongaron desde la posguerra hasta bien entrada la democracia— tiene un nombre jurídico preciso: desaparición forzada infantil. Así la define el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas:

“El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida”.

Ahí está la clave: no puede entenderse como una tragedia privada. Numerosos casos apuntan a actuaciones cometidas o toleradas por agentes e instituciones que actuaban bajo la cobertura o aquiescencia del Estado. Por eso, hoy el Estado es el primer responsable de esclarecerlo y de repararlo.

La propia Convención considera víctima no solo a la persona desaparecida, sino a toda persona que sufre un daño directo. Las madres son, por derecho propio, víctimas. Y son, ante todo, buscadoras.

Son lo que hoy podemos llamar madres buscadoras. Su labor, sostenida durante décadas, las ha convertido en auténticas defensoras de los derechos humanos: al exigir verdad, no reclaman solo por sus hijos e hijas, sino por la calidad democrática de todos y todas.

Pero su empeño revela una anomalía: que ellas hayan asumido la búsqueda nunca puede convertirlas en sustitutas del Estado ni eximir a este de su deber primordial de buscar e investigar la verdad. En España ha sucedido demasiadas veces lo contrario, dejando la carga sobre las propias familias.

A ese peso se añadió el estigma. Durante años, relatos que cuestionaban su credibilidad o su capacidad como madres las empujaron a dudar de aquello que el propio sistema había borrado.

La apropiación de menores y las adopciones ilegales vulneran, además, el derecho de esos niños y niñas a su propia identidad

El derecho a la verdad es inalienable e imprescriptible. Y no prescribe porque la desaparición forzada es una violación continua: subsiste mientras no se aclare la suerte y el paradero de la persona desaparecida. El tiempo, jurídicamente, no la borra.

Garantizar esa verdad exige abrir los archivos de maternidades, hospitales e instituciones y crear un banco público de ADN. La apropiación de menores y las adopciones ilegales vulneran, además, el derecho de esos niños y niñas a su propia identidad.

Porque la búsqueda ya no es solo de las madres. Muchas han envejecido o fallecido sin respuesta, y son sus hijas e hijos quienes heredan el duelo: un trauma que se transmite entre generaciones y que reclama, también, conocer el propio origen.

La justicia sigue siendo la herida abierta. La mayoría de los casos se han archivado por prescripción, pese a que el estándar internacional considera continuos estos delitos. Y combatir esa impunidad es, en sí mismo, una garantía de no repetición.

Y reparar no es solo indemnizar. La reparación integral incluye la satisfacción: el reconocimiento oficial de lo ocurrido, la revelación de la verdad y la memoria. El reconocimiento institucional no es un paso previo a la reparación; es ya una forma de repararla.

Debe ser, además, colectiva. La memoria es también una forma de reparación: dignifica a las víctimas y previene la repetición. Restituir el relato de estas mujeres es restituir una parte de la verdad del país.

También a los medios nos corresponde una tarea: narrar estos hechos con rigor, sin sensacionalismo ni revictimización, devolviendo a estas mujeres la dignidad y la voz que durante demasiado tiempo se les negó.

Por eso el 31 de octubre no puede quedarse en una fecha de homenaje. Recordar a todas las víctimas exige nombrar también a quienes siguen sin respuesta, y reparar exige que el reconocimiento vaya acompañado de verdad y justicia: que el Estado investigue, esclarezca y asuma la carga que hoy siguen soportando las familias. Mientras haya familias sin respuesta, la memoria democrática seguirá incompleta.

Aquellas madres a las que mostraron un féretro sellado siguen esperando una respuesta. No piden reabrir heridas, sino cerrar la que el Estado mantiene abierta: el derecho a saber, por fin, qué fue de sus hijos e hijas.

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Nadia Gayoso de la Calle, responsable de memoria democrática de FIBGAR.